El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, emitió este viernes 12 de julio una resolución mediante la cual demanda al Estado de Nicaragua que adopte medidas urgentes y necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de los y las integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones.
La extensa resolución establece que se ha confirmado y documentado que los fanáticos de la dictadura, los empleados de sus medios de comunicación y la Policía Orteguista (PO) al servicio de la dictadura son responsables de campañas de descrédito y estigmatización, así como amenazas, seguimientos e intimidaciones, llegando al extremo de agresiones y amenazas de muertes.
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La citada Comisión remitió información de actos específicos de hostigamiento, amenazas e intimidación al siguiente personal ligado a CPDH: Marco Antonio Carmona Rivera, Denis de Jesús Darce Solís, Jessica del Carmen Vallecillo Dávila, María del Socorro Oviedo Delgado, Nohema María Lara Calero, William Picado Duarte, Leyla Carolina Prado Vanegas, Jahaira Yamileth Solís Aráuz, Verónica Guadalupe Nieto, Bielka Iris Gómez Martínez, Frank Augusto Flores Pérez, Mario Francisco Rugama Mendoza, Eliescar de los Ángeles Vallecillo Dávila, Pablo Emilio Cuevas Mendoza, Carla Virginia Sequeira Fernández, Ana Cecilia Hooker Bermúdez, Claudia Auxiliadora Peña Gómez, Eduardo Antonio Llanos, Roberto Basilio Largaespada y Sheyla Marina Torrez Rizo.
Los defensores del Cenidh
De igual manera la Corte IDH señala que las siguientes personas vinculadas al Cenidh han sido víctimas del odio visceral del orteguismo: Vilma Núñez Escorcia, Marlin María Sierra Palma, Gonzalo Carrión, Georgina Ruiz, Juan Carlos Arce, Salvador Lulio Marenco, Ruth Castillo, Meyling Johana Gutiérrez Pérez, Braulio Abarca, Wendy Quintero, Glenda María Arteta Aráuz, Dennis Antonio Báez Orozco, María José Rodríguez, Adelaida Sánchez Mercado.
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“El pasado 27 de junio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió una solicitud de medidas provisionales, donde detalló y aportó prueba sobre las amenazas recibidas por numerosos integrantes de ambas organizaciones. Tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del Estado, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco de la presente solicitud, el Presidente consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad”, dice la resolució.
“Por tanto, determinó la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables contra el derecho a la vida e integridad de las personas integrantes de estas organizaciones”, señala el documento.
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“El Presidente reiteró que respecto de los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como ha señalado la Corte en su jurisprudencia, el Estado tiene el deber no sólo de crear las condiciones legales y formales, sino también de garantizar las condiciones fácticas en las cuales puedan desarrollar libremente su función. El Estado deberá remitir a la Corte un informe detallando las medidas adoptadas”.