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La delegación del gobierno de Daniel Ortega en las negociaciones con la Alianza Cívica. LA PRENSA/ ROBERTO FONSECA

Régimen de Daniel Ortega dice estar dispuesto a conversar, pero no cesa la represión

La Alianza Cívica reitera que su posición es por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos

Denis Moncada, canciller y jefe negociador de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dijo este lunes que están dispuestos a conversar sobre todos los temas de sus agenda con la Alianza Cívica, sin embargo no dijo una palabra sobre las denuncias de que se mantiene la represión contra el pueblo y las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos, quienes fueron golpeados el fin de semana nuevamente en la cárcel La Modelo en Tipitapa, al norte de Managua.

El régimen emitió un comunicado de prensa en que informó que su delegación asistió este lunes 11 de marzo a las instalaciones del  Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), sede de las negociaciones entre el ejecutivo y la Alianza Cívica sobre la crisis sociopolítica que cumple hoy 328 días.

La posición del régimen es “todos los temas importantes están sobre la mesa para asumir la responsabilidad de seguir conversando, consensuando y estableciendo cronogramas de trabajo”. La dictadura Ortega y Murillo dijo estar comprometido a “propiciar todas las condiciones para llegar a acuerdos sobre la reconciliación, la estabilidad y la paz” en el país.

Moncada leyó el comunicado y no respondió las preguntas de los periodistas que dan cobertura a las negociaciones. LA PRENSA le preguntó directamente si la agenda del gobierno está sujeta a debate o es un asunto definitivo. La comunicación oficial se da horas antes que llegue al país un enviado por la secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

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Momento en que llegó la delegación de la dictadura al Incae, sede de las negociaciones con la Alianza Cívica. LA PRENSA/Roberto Fonseca

El fin de semana pasada, el régimen ofreció reformas electorales de cara a comicios presidenciales que se celebrarían, según él, en 2021.  Otro de los temas es la liberación de presos políticos no juzgados y la revisión de los expedientes de los condenados, pero piden que se hagan gestiones para suspender las sanciones de la comunidad internacional.

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Desde ayer domingo la Alianza Cívica hizo público su retiro de la mesa de negociación hasta que el régimen dé muestras de buena voluntad para encontrar soluciones integrales a la crisis.

“La delegación del gobierno de Nicaragua en la mesa de negociación se ha hecho presente responsablemente el día de hoy lunes 11 de marzo a las 10 de la mañana en las instalaciones del Incae”,  leyó Moncada en el comunicado que se leyó como una queja por la ausencia de la Alianza Cívica. El documento oficial fue hecho circular a las 9:38 de la mañana desde el correo de Murillo.

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“La delegación del gobierno de Nicaragua ratifica el compromiso del Estado nicaragüense de continuar desarrollando las sesiones de trabajo para avanzar y consensuar la agenda”, dijo la dictadura orteguista en su pronunciamiento.

Quieren echar la culpa a la Alianza Cívica

Que los miembros de la Alianza Cívica cumplieran con su retiro de la mesa de negociaciones parece que no se lo esperaba la dictadura Ortega-Murillo pues en su comunicado que ya estaban establecidas las bases de la conversación sobre “confianza, respeto y buena voluntad que consideramos deben prevalecer de lo contrario se estaría golpeando la esperanza de los nicaragüenses y el derecho de las familias de nuestro país a afianzar la seguridad, la estabilidad, la paz y la prosperidad”, dijo el régimen.

LA PRENSA consultó a Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, y expresó a través de mensajes de texto “nuestra posición fue clara en el comunicado de ayer” domingo en que “los derechos humanos son inalienables y no se negocian”.

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Alianza Cívica: Respeto a derechos humanos

Chamorro también se pronunció en su cuenta de Twitter repitiendo las condiciones que exige la Alianza Cívica para que hayan verdaderas garantías de las negociaciones como son “liberación de presos, cese a la represión y al hostigamiento y trato con estándares internacionales en su salida de la cárcel”.

“Hemos mostrado voluntad, ahora demandamos muestras contundentes de compromiso para continuar”, dijo Chamorro. La Alianza Cívica argumentó de que para que haya voluntad, Ortega deberá dar muestras concretas como: la libertad de presos políticos, el cese de la represión y los secuestros, plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y brindando pronta asistencia médica a reclusos, además del cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos.

Murillo pide suspender sanciones 

La dictadora Rosario Murillo en su  intervención en los medios oficialistas este lunes también se refirió a las negociaciones con la Alianza Cívica, presentando una aparente conciliación al afirmar que la delegación de la dictadura “ha sido muy clara” en su agenda para “el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional en Nicaragua”.

“El compromiso de continuar fortaleciendo las libertades, el compromiso de cumplir con todos los derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República, el compromiso de atender a la liberación, o atender, aquí en el punto tres de la agenda se deja claro, la libertad de los presos, que fueron hechos presos en el contexto de los hechos delictivos que sucedieron a partir de abril en Nicaragua”, dijo Murillo.

Pero el discurso de la dictadora es contrario a la represión que persiste contra el pueblo al no cesar los secuestros de ciudadanos que han  participado en las protestas, ni permitir las  manifestaciones contra la pareja de dictadores y de persistir las golpizas y otros abusos contra los presos y presas políticas.

El régimen Ortega-Murillo se vio forzado a sentarse a negociar con la Alianza Cívica por las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y diferentes gobiernos latinoamericanos por la represión que desde abril del 2018 dejan más de trescientos muertos, miles de heridos, exiliados, presos políticos y el hecho que se ha coartado la libertad de prensa, manifestación y de organización.

Murillo dejó claro hoy que para el régimen es prioridad detener las sanciones. “Toda sanción para no impedir el derecho de nuestro pueblo y de las familias al desarrollo humano, económico, social; a continuar los caminos de desarrollo humano, de desarrollo económico y social, continuar avanzando en ese camino y sobre todo a continuar librando en las condiciones óptimas que traíamos antes de abril, la lucha exitosa contra la pobreza”, dijo la dictadora.

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