En la eventual negociación entre la oposición y Daniel Ortega, este haría “concesiones superficiales” en materia electoral “como un gesto de reconciliación” para retener el poder y mantendría el control en los principales poderes del Estado, advirtió esta semana The Economist Intelligence Unit (EIU).
En un extenso análisis sobre la situación política y económica del país, la respetada unidad de análisis de negocios del grupo The Economist señala: “Aunque el señor Ortega puede hacer concesiones sobre la reforma electoral como un gesto de reconciliación entre los miembros de la oposición y la comunidad internacional, probablemente sean superficiales, ya que el FSLN mantendría el control sobre el Consejo Supremo Electoral, el poder judicial y otras instituciones claves”.
Esta previsión ocurre en víspera de que en Nicaragua se inicie la próxima semana el Diálogo Nacional, en el cual el bloque opositor insistirá en cambios en poderes e instituciones del Estado, la liberación de los presos políticos, el adelanto de las elecciones, y el retorno de las libertades de información, reunión y movilización.
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Pero la EIU cree que en Nicaragua habrían elecciones anticipadas solo que las condiciones políticas y económicas “se deterioren drásticamente”, de lo contrario, Ortega permanecería en el poder hasta 2021, incluso más allá.
Papel del Ejército sería clave
De darse la situación antes descrita y ante una escalada de la presión internacional, principalmente de Estados Unidos, EIU admite que el control de Ortega “sobre el poder estará determinado por el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad del país”.
Al respecto, señala que si bien el Ejército hasta ahora se ha mostrado reacio a involucrarse en la crisis política, “existe un alto riesgo de que Ortega no continúe disfrutando del apoyo del que cuenta en las fuerzas armadas”.
Y mientras Ortega siga aferrado al poder y ante un creciente aislamiento internacional, a criterio de la EIU, el régimen apostará por profundizar sus lazos diplomáticos con la Alianza Bolivariana. “Sin embargo, es poco probable que el apoyo financiero de esos países” fluya hacia Ortega, por lo que seguirá siendo muy dependiente de Estados Unidos a través del DR-Cafta.
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“La tensión con los EE. UU. será alta, dada la aprobación de la Ley Nica, que allana el camino para el bloqueo de nuevos préstamos de instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que Nicaragua confía para su concesión de préstamo. Si las sanciones se aplican debidamente, el gobierno nicaragüense recurrirá a fuentes alternativas, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ofrece servicios no concesionales”, señala.
Presupuesto insostenible
Todo eso ocurriría en un contexto de contracción económica y de mayores desajustes fiscales que impactarían en el actual Presupuesto General de la República.
“Financiar el déficit presupuestario será extremadamente difícil ya que las nuevas organizaciones multilaterales recortan los préstamos debido a la confrontación política en curso. El gobierno busca cerrar la brecha financiera a través de la emisión de nuevos bonos del Tesoro, pero, en su estado actual, las instituciones financieras nacionales por sí mismas no podrán adquirirlas”, señala.
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Al régimen de Ortega le urgen unos trescientos millones de dólares para cubrir el actual hueco presupuestario, por lo que de urgencia impulsa una severa reforma fiscal y consiguió otros cien millones de dólares con Taiwán en concepto de préstamo.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) ha advertido que el déficit es más severo de lo que parece, dado que el gasto público está estructurado sobre metas económicas irreales.
Y si bien el régimen puede optar por vender sus bonos en los mercados internacionales, “los altos rendimientos requeridos para hacer que estos bonos sean atractivos (incluso para inversionistas especulativos) elevarían los costos del servicio de la deuda”.
Difíciles perspectivas
Entre 2019 y 2021, Economist Intelligence Unit refiere que con Ortega en el poder se esperarían menores desempeños económicos en el consumo privado, mayor frenazo del crédito, menor confianza empresarial, mayor inseguridad jurídica y económica, menor actividad comercial por el incremento del desempleo, entre otros.
Tampoco Ortega tendrá fácil atraer nuevas inversiones extranjeras, porque en medio de la inestabilidad política y debido a la invasión de tierras no será fácil ganar la confianza de los inversores.
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Esa situación se agrava por la creación de Enimex, “una amenaza que se cierne sobre el sector privado para inducirlo a regresar a la alianza de Gobierno-empresa que se rompió con el estallido de la crisis política en abril”, agrega.
Al respecto, la EIU considera que la esta empresa estatal “también allana el camino para un mayor control estatal de la economía”.