Pese a que en Nicaragua la pena máxima para cualquier reo es de treinta años, la “justicia” de la dictadura ha pedido más de setenta años para el líder campesino Medardo Mairena, uno de los miembros de la sociedad civil en la mesa del suspendido Diálogo Nacional, a quien el régimen convirtió en preso político
Mairena fue declarado culpable el lunes, el mismo día que los medios oficialistas dieron a conocer otros casos de autoconvocados.
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Los años de cárcel solicitados por el Ministerio Público contra estos opositores del régimen varían, aunque todos son muy severos.
Castigo al líder campesino
Medardo Mairena era la voz de los campesinos en el Diálogo Nacional, no tuvo miedo, tomó el micrófono en varias ocasiones y le recordó al dictador Daniel Ortega la lucha que han tenido por la derogación de la Ley Canalera, además de señalarle la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses desde el inicio de las protestas por las fallidas reformas a la Seguridad Social.
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Este pasado lunes, Mairena junto a su compañero de lucha Pedro Mena, fueron declarados culpables de los delitos de crimen organizado, terrorismo, asesinato de cinco personas, cuatro de ellas policías, en Morrito, Río San Juan, además de robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos y daños agravados por la justicia del régimen orteguista.
Asimismo Luis Icabalceta fue declarado culpable de cinco delitos, mientras que Luis Bonilla fue declarado inocente, y el mismo lunes se extendió la orden de libertad. Ambos estaban dentro de la misma causa, explicó el abogado defensor Julio Montenegro.
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El jurista expuso su desacuerdo con el fallo judicial y solicitó la pena mínima en cada uno de los delitos. También relató que tanto Mairena como Mena se negaron a firmar el acta al final del juicio porque consideraron que el fallo es injusto, y así lo expresaron en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, a cargo del orteguista Edgar Altamirano.
Dijeron que no eran responsables de los señalamientos y que protestar o usar una bandera azul y blanco en las calles del país tampoco implica delito.
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Montenegro señaló varias irregularidades en el proceso judicial. Con respecto a los testigos presentados, dijo que eran prácticamente funcionarios públicos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), además de los oficiales de la Policía Orteguista (PO), que aparentemente habían sido secuestrados.
Destacó que uno de los testigos ni siquiera sabía el número de policías que habían al momento de darse el supuesto ataque dirigido por el líder campesino.
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La Fiscalía aseguró que su prueba decisiva era un “video”, el cual fue cuestionado por Montenegro al señalar tres secuencias de imágenes distintas; la primera, donde aparece Medardo sobre una calle con otras personas portando banderas azul y blanco; la segunda, en las que se ve observan personas que están en un cruce de calle con banderas rojinegras, y la tercera, donde se ve una batalla campal, donde no aparece Medardo.
También señaló que lo más lógico, ya que a Mairena se le ha imputado como autor intelectual del ataque contra los oficiales de Policía en Morrito, es que hubiese algún tipo de comunicación ya sea por chat, imágenes o videos, pero eso no fue logrado acreditar, explicó.
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De hecho, Montenegro interrogó a uno de los testigos de la PO y le consultó si había alguna imagen o audio donde comprobara que Mairena orientó algún tipo de acción contra los policías u ordenara que se levantaran tranques o lesionar a personas, y la respuesta fue siempre negativa.
Otra de las irregularidades fue que Mairena reconoció en el testigo “Código Uno” a la persona que le había infringido torturas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote.
Tanto Mairena como Mena fueron capturados en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino el 13 de julio pasado.
Los autoconvocados
En otro caso de autoconvocados, Misael Espinoza fue declarado culpable por el asesinato de Francisco Aráuz Pineda, un supuesto paramilitar que ha sido identificado como simpatizante del régimen.
El hombre, después que recibió balazos en la cabeza, boca y costado derecho, fue quemado en la vía pública.
Los hechos sucedieron el mismo día que seis miembros de una familia, incluidos dos menores, fueron quemados, producto de un incendio en su vivienda, en el barrio Carlos Marx.
La sobreviviente a la tragedia siempre ha señalado como culpables a los agentes de la PO.
Otra condena, igual crueldad
Abdul Montoya Vivas es hijo del reconocido sandinista matagalpino Erasmo Montoya Leiva.
Lo acusaron de supuestamente matar a Lenín Díaz Mendiola el sábado 11 de agosto, cuando se realizó una marcha de la población autoconvocada contra el régimen en Matagalpa.
Él se convirtió en un preso político de la dictadura junto con John Leonard Amort Paiz, Rogelio José Gámez Martínez, el liberal Noel Valdez Rodríguez y Omar Antonio Avilés Rocha, a quienes también han señalado de terrorismo, lesiones y exposiciones de personas al peligro.
Ellos son parte de las personas que la justicia del régimen se ha encargado de privarles de su libertad por muchos años.
A Montoya Vivas lo condenaron a 52 años y a Gámez Martínez a 42 años.
En el caso de los otros reos políticos, fueron condenados a 22 años: 20 por el delito de terrorismo y dos por exposición y abandono de personas, según información de los medios oficialistas.
Marbelí Montoya, hermana de Abdul Montoya, había declarado ante LA PRENSA que “(…) esta gente orteguista lo quiere involucrar porque saben que mi hermano ya no los apoya. Él no es asesino”, dijo.
Abusos a reos políticos
Es una cadena de abusos contra las personas que se atreven a protestar contra el régimen de Daniel Ortega. Primero, la Policía Orteguista los secuestra, sufren abusos y torturas, después son presentados al sistema de justicia. Uno de los delitos que casi siempre es imputado a personas autoconvocadas es el terrorismo. Los presos sufren las violaciones a sus derechos, incluidos los procesos judiciales cuestionados. Sin embargo, la dictadura garantiza que estos no salgan tan fácil de su calvario y les impone duras condenas.