El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó este martes la persecución contra opositores políticos, justo antes que se conocieran que Estados Unidos impuso sanciones a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau y declaró al régimen como una amenaza a su seguridad nacional.
Políticos como José Pallais y Ana Margarita Vijil se unieron a los nombres de mujeres que están siendo acosadas por el oficialismo como Azahálea Solís, Violeta Granera o Suyen Barahona.
José Pallaís denunció que en las afueras de su casa, en la ciudad de León, todos los días lo vigila un motorizado.
“Todos los días un motorizado vigila mi casa. La verdad que la intimidación se convirtió en una normalidad del régimen ¿y a quien vamos a llamar?, A nadie, estamos a la buena de Dios porque estos hombres están armados y para ellos somos un objetivo”, añadió Pallais.
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Por su parte, Violeta Granera explicó que en los alrededores de su vivienda, en Managua, camionetas Hilux sin placa y motorizados se ubican amenazantes.
“Yo lo he dicho y lo repito no me iré de Nicaragua, aunque me intimiden o amenacen, no me iré y seguiré luchando por la justicia y la democracia que anhelamos todos en Nicaragua”, afirmó Granera, coordinadora del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD).
Criminalizan protestas
La dictadura de Daniel Ortega ha criminalizado las protestas de los ciudadanos que se levantaron en abril en una revolución cívica que demanda la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Centenares de ciudadanos están siendo judicializados por protestar pacíficamente, mientras miles han huido del país por la represión orteguista.
De acuerdo a los organismos de derechos humanos, más de 500 personas han sido asesinadas y hay más de 600 presos políticos.
Violenta derechos constitucionales
La Policía Orteguista, violentando los artículos 53 y 54 de la Constitución, ha prohibido a los ciudadanos marchar, pero por encima de violar el Estado de Derecho, esa institución orteguista condena a los ciudadanos al calificarlos de terroristas y vándalos.
“La Policía en vez de andar asediando a los ciudadanos honestos que se dediquen a combatir el crimen y garantizar la seguridad de los ciudadanos; esa es su naturaleza, para eso fueron creados: para garantizar seguridad a los derechos de los ciudadanos”, indicó el opositor y analista político, Carlos Tünnermann.
“Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública. El ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”, dice la Constitución.
El dictador Daniel Ortega durante su gestión al frente del gobierno desde el 2007 se ha dedicado a realizar reformar constitucionales a su gusto y antojo, para concentrar el poder total de todas las instituciones, incluyendo el Poder Judicial, Electoral, Policía y Ejército.
Régimen policial que intimida
Expertos en temas militares, como el exgeneral en retiro, Hugo Tórres, explico a LA PRENSA que Nicaragua está gobernada por un régimen policial que se dedica a intimidar los derechos de los ciudadanos.
“Los derechos no se han perdido, se han coartado por un régimen dictatorial que a la fuerza somete porque sabe que el pueblo no lo apoya. Nicaragua está gobernada por un régimen policial al servicio de la dictadura que en cada acción de atropello contra los derechos ciudadanos se descalifica y se deslegitima”, aseguró el ex militar.
Tórres explicó que Daniel Ortega y Rosario Murillo, al no contar con el apoyo del pueblo, solamente les queda gobernar por la fuerza, usando el uso de la fuerza policial y paramilitar.
Pablo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH), denunció el viernes en las redes sociales que en Nicaragua está operando un régimen policial.
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