“Aquí estamos viendo una gran cantidad de mujeres que han sido asesinadas y presas por exponer sus ideas, y eso muestra la falta de un Estado de derecho y de un Estado democrático”, denunció la feminista Azahálea Solís Román, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Nicaragua.
Recordó que en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano en 1990, se creó el 25 de noviembre como el día internacional para conmemorar la eliminación de la violencia de género y que en 1999 la Organización de las Nacional Unidas lo instituyó.
Lea además: Unidad Nacional Azul y Blanco pospone marcha de este domingo por seguridad de manifestantes
Este año la campaña de sensibilización de la ONU en el Mundo promueve el lema “Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién”.
Este domingo 25 de noviembre en Nicaragua, además se conmemoró los 58 años de la muerte de las hermanas dominicanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), por reclamar justicia, libertad y democracia.
“Ellas buscaron tener un país libre de dictaduras hace sesenta años”, resaltó Solís Román, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
Once años reclamando a Ortega
Hace once años, en 2007 cuando Daniel Ortega asumió el poder, diversos movimientos de mujeres que luchan por el feminismo y los derechos humanos se plantaron frente a la Asamblea Nacional para demandar respeto al derecho de las mujeres, así a la libertad de expresión, institucionalidad, entre otros derechos constitucionales.
A criterio de Solís Román, esta realidad de permanente violación a los derechos ciudadanos por parte del régimen orteguista continúa y es precisamente por esa “falta de un Estado de derecho que no se avanza en la institucionalidad”, asegura.
Para esta feminista lo importante ahora es es resaltar la lucha de las mujeres por ejercer los derechos. “Es decir, para las mujeres es importante la democracia y el Estado de derecho”, subrayó.
Razón por la cual las mujeres —añadió Solís — continúan reivindicando el derecho de tener un país libre de violencia y de tener ciudadanía plena.
Puede leer: Policía arresta y amenaza con un arma a adolescentes afuera de un colegio de Managua
Sobre estas constantes violaciones a las leyes del país, expertos en derechos humanos como la socióloga Elvira Cuadra y el Paulo Abrao secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado que en Nicaragua se vive “un estado policial”, la cual se contradice con la campaña de “paz y reconciliación” del Gobierno orteguista.
El “ADN” de un estado represor
A respecto Solís Román sostiene que el régimen está “totalmente alejado a un Estado de derecho” y ha puesto en peligro la integridad de las personas y el ejercicio de los demás derechos humanos, políticos y ciudadanos.
Por lo que se han “negados el derecho a la protesta, circulación, denuncia, libertad de asociación, expresión, integridad, igualdad y de autonomía”, enumeró Solís.
Lea también: Articulación de Movimientos Sociales denuncia golpiza a presas políticas en la cárcel La Esperanza
“El estado policíaco es la culminación de un estado represor que está de espalda a los derechos ciudadanos”, dice Solís.
Asimismo señala que el mayor foco de violencia en Nicaragua es institucional y está en “ADN de una dictadura. Todas las dictaduras son violentas y hemos visto que además son misóginas, y en este contexto de país es altamente violento para el ejercicio de las mujeres en Nicaragua”.
89 víctimas y predomina impunidad
Magaly Quintana, coordinadora del observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, por su lado dice que han circulado en sus redes sociales cifras que denuncian 55 casos de femicidios, al mayor número sucedido en Jinotega y Managua.
“La saña ha sido terrible, terrible, mujeres violadas después de muertas o cuando estaban en agonía, mujeres desmembradas…. Y todavía no sabemos del caso de una mujer que apareció en el Distrito IV, totalmente desmembrada, si cabeza, sin pie, sin manos; ni siquiera sabemos en nombre”, lamentó Quintana el horror que sufrieron estas indefensas mujeres.
Indicó que este predominó el “secuestro de la mujer”, pero no al ocurrido en las protestas de los últimos meses contra el Gobierno, aclara. Pero que continúa predominando la falta de justicia e impunidad, ya que una mayoría de los que cometieron estos crímenes están libres o están prófugos.
Además de la violencia generalizada contra las mujeres existen otras víctimas. Comentó que en los “subregistros” del Gobierno se dan a conocer 89 víctimas indirectas de los femicidios, estos son los huérfanos: 49 de ellos niños y 10 adolescentes.
No obstante la “tragedia es mucho mayor”, observa. Y lo menos que debería hacer el Gobierno es proteger a los huérfanos garantizándole salud y educación en sus vidas. “Estas son las víctimas invisibles de los femicidios”, resaltó Quintana.
“Más de 30 presas”
La activista de derechos humanos también recordó válido mencionar para este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la represión que han sufrido mujeres por levantar sus voces contra la dictadura de Ortega.
“Tenemos más de 30 mujeres presas injustamente, eso es también violencia contra las mujeres”, denunció Quintana.
Al respecto dijo que organizaciones feministas no se han quedado indiferentes ante esta realidad y han demandado su libertad, a como lo hacen las madres de estas mujeres presas que también demandan justicia.
Ante esta crisis social y política que vive el país y escalada de violencia contra las mujeres, la activista propone continuar con el “diálogo que dé respuesta a esta crisis ya que Nicaragua se lo merece”, sostiene.
Por su lado Ana Quirós, representante del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) , coincidió que la lucha que reivindica los derechos de las mujeres en Nicaragua “mantiene las mismas demandas”, que cuando la dictadura de Ortega asumió el poder hace once años.
Demandó “cero impunidad ante el asesinato de las mujeres que llamamos femicidio”, dijo; también se refirió a la necesidad de promover decisiones apegadas al Estado de derecho y no a la arbitrariedad.
Así que se vuelvan a reinstalar las comisarías de la mujer, se dé más protección a las mujeres y no se siga promoviendo “la mediación o el diálogo con los agresores”, valora Quirós, ya que el Gobierno ha hecho retroceder la eliminación de la violencia contra la mujer.