A través de un minucioso análisis, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó al descubierto que la propuesta de “Política de Estado para una Cultura de Paz y Reconciliación” que impulsa el régimen —que luego pretende convertir en ley— dejaría en la impunidad los crímenes cometidos en la actual crisis, por lo que urgió al Estado a incorporar en la iniciativa el elemento de justicia, la reparación a las víctimas de la represión y las reformas institucionales para que la misma tenga un efecto verdadero en el proceso de pacificación del país.
En el análisis, el GIEI plantea que antes de ejecutar cualquier política de Estado para alcanzar un proceso de reconciliación en Nicaragua debe implementarse un proceso de la verdad, con la sanción a los responsables, la reparación a las víctimas de la represión y se realicen reformas institucionales necesarias que permitan restituir la confianza de la población en las instituciones del Estado.
Esto pasa, de acuerdo con el GIEI, por una reforma basada en la revisión de la actuación de la Policía Orteguista (PO), por su participación en la represión durante este período y contra quien recae la mayor responsabilidad de las muertes producidas en la crisis.
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Al igual que los expertos consideran como “imprescindible” una revisión con la sociedad de “la actuación de actores no estatales armados que intervinieron en hechos de violencia junto con la Policía Nacional”.
“La estrategia debe estar acompañada de procesos de sanción en los tribunales de justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos e incluir el desarme de todos los grupos paraestatales”, dice el GIEI.
Los comentarios del GIEI fueron presentados mediante una comunicación escrita remitida al canciller orteguista, Denis Moncada, y en la que hace referencia a la propuesta del régimen que habla de incidir en la prevención de conflictos a lo interno de las familias y comunidades a través de “procesos de reencuentro personal, familiar y comunitario”.
Proceso de reconciliación basado en honestidad
No obstante, el GIEI le expresa que aunque estos reencuentros “pueden ser de gran importancia para atender el tejido social roto”, también le recuerda que dichos procesos no se imponen por ley, especialmente en los casos de “reencuentro personal” y “a lo interno de las familias”.
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“La autenticidad y legitimidad de tales procesos se basa en la honestidad y el deseo del reencuentro, y adquieren sentido cuando sirven para afirmar la verdad y la justicia”, apunta el GIEI.
Y es que los expertos internacionales consideran que la política propuesta por el régimen parte de una situación de normalización de la situación vivida durante siete meses en Nicaragua, pero le recuerdan que esa normalidad “todavía no está construida en Nicaragua, y que requiere de procesos específicos que atiendan los efectos de la violencia vivida”.
En los siete meses de resistencia pacífica de la población, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 325 muertes, mientras la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra 535. A esto se agrega las decenas de desaparecidos y que continúan los secuestros, detenciones y procesos judiciales arbitrarios .
Es por ello que el GIEI considera que primero se deberá “restituir el tejido social y de recuperar la confianza en las instituciones del Estado y por ello establecer los mecanismos de verdad y justicia independientes y autónomos”.
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Por ejemplo, el GIEI hace referencia al objetivo planteado por el régimen de “rescatar el legado cultural de las familias nicaragüenses en la creación y fortalecimiento de una cultura de paz que permita incidir en la prevención de todas las expresiones de desencuentro entre las personas, las familias y las comunidades”.
Sin embargo, en su comentario sobre el particular los expertos le señalan que el mismo “parte de una situación de normalidad, planteándose la prevención de futuros conflictos. Sin embargo, como queda dicho, antes debe señalarse un objetivo que resuelva el período de violencia vivido recientemente”.
Analizar causas de las crisis
Por tanto, plantea, que deben analizarse las causas que provocaron la crisis, revisar la respuesta del Estado y el comportamiento de las partes que intervinieron en el conflicto.
Y recuerda al régimen que la protesta social iniciada el 18 de abril del presente año, así como la respuesta a las expresiones de la población, “han tenido una profunda repercusión en el tejido social, destruyendo lazos al interior de las familias y en las comunidades”.
El GIEI plantea que el régimen debe “reconocer y corregir los problemas subyacentes, así como subsanar los efectos negativos, es lo que debe preparar el camino hacia la instalación de una cultura de paz en Nicaragua”.
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El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, consideró acertados los comentarios del GIEI, pues indicó que a la fecha “es impensable la reconciliación” mientras el país esté “en manos del régimen tiránico responsable de la muerte y el dolor y todo el sufrimiento del país”.
“No puede haber paz y reconciliación si no hay investigación y castigo para aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad y genocidio”, asegura por su parte el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, actualmente en el exilio.
Además, dijo Leiva, esa propuesta del régimen “no es más que un instrumento” que pretende crear “para seguir promoviendo la impunidad, la indolencia y la injusticia”.
El secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, coincide en que con una ley no se puede lograr una reconciliación, “cuando hay víctimas, cuando hay presos, cuando ha habido torturados, cuando hay desaparecidos”. Y en especial, dijo Carmona, que continúan las persecuciones.
Carrión estima que Nicaragua se enrumbará hacia un proceso de real de reconciliación cuando el pueblo que ha sido víctima del terrorismo de Estado comience a conocer la verdad, las víctimas tengan acceso a la justicia y los responsables sean sancionados y se establezca la lógica de no impunidad y de no repetición.
Ignora trauma en niñez
El GIEI expone como ejemplo la intención de “entregar la cartilla de amor para los más chiquitos”, que promueva nuevos modelos de crianza en el hogar, la que omite los traumas dejados en la niñez y la adolescencia por la violencia vivida durante los siete meses de represión. “Muchos niños han sido testigos de violencia contra miembros de su familia, otros han sufrido la separación /desplazamiento de las suyas. En los centros educativos se está viviendo la división entre familias que simpatizan y se oponen al gobierno, entre otras situaciones”, dice el GIEI.
Reformar instituciones
Aunque el GIEI está de acuerdo en que con la promoción de una cultura de paz se previenen futuros conflictos, recuerda que esta debe estar acompañado de reformas institucionales que garanticen que estas situaciones no se volverán a repetir.
“El GIEI reitera que una política pública como la que se plantea, debe trascender las esferas de lo personal y de la familia para incluir la relación entre las instituciones del Estado y la sociedad”, expresan los expertos internacionales.
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El GIEI fue creado en mayo pasado tras un acuerdo alcanzado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la anuencia del régimen Ortega-Murillo, en representación del Estado de Nicaragua.
Y pese a que el GIEI nace como un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril hasta el 30 de mayo, no ha recibido la colaboración por parte de las instituciones correspondientes.
En octubre pasado, el GIEI propuso la creación de una fiscalía especial que investigue de forma imparcial los hechos sucedidos durante la represión.