Cuatro destacadas personalidades internacionales integran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), quienes tendrán a cargo la investigación de casi 300 asesinatos y hechos de violencia ocurridos en el país tras la represión gubernamental iniciada en abril pasado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que el GIEI está integrado por Amérigo
Incalcaterra (Italia), Sofía Macher (Perú), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Pablo Parenti (Argentina).
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En un comunicado de prensa la CIDH informó este lunes que los seleccionados son “personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos”.
De acuerdo con la información de la CIDH, los miembros del GIEI llegaron a Nicaragua el domingo. Para este martes se estima que sean presentados en una conferencia de prensa, que fue anunciada la mañana del lunes por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y confirmada posteriormente por la relatora de país, comisionada Antonia Urrejola.
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Según la misma información oficial, los expertos fueron seleccionados por la CIDH y designados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Trayectoria
Amérigo Incalcaterra trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como representante regional para América del Sur, representante en México y Guatemala y director adjunto en Colombia.
También se desempeñó como comisionado adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y ha desempeñado una serie de cargos importantes en Naciones Unidas.
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Sofía Macher es socióloga, con maestría en Estudios de Género y doctorado en Sociología.
Ha sido comisionada en dos Comisiones de la Verdad (Perú e Islas Salomón), consultora en otros cinco procesos de transición (Colombia, Yemen, Libia, Sri Lanka y Túnez), y ha participado en varios más.
Integró la Mesa de Diálogo de la OEA en el retorno a la democracia en Perú, en representación de la sociedad civil, presidió el Consejo de Reparaciones del Estado peruano, que elaboró el Registro Único de Víctimas (2006-2014). Ha ocupado posiciones en varios organismos de Derechos Humanos (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-Perú, Amnistía Internacional y otros).
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Claudia Paz y Paz es doctora en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España.
Académica, juez, litigante, trabajó durante más de 25 años por el fortalecimiento de la justicia en Guatemala. Fue fiscal general del Ministerio Público de Guatemala (2010 a 2014). Trabajó para la CIDH formando parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Ayotzinapa, México. Fue secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA (2017-2018).
Pablo Parenti es abogado (Universidad de Buenos Aires, 1995), Magister en Jurisdicción Penal Internacional (Universidad Internacional de Andalucía, España, 2004). Es fiscal federal en Argentina y trabaja desde hace casi 20 años en causas por crímenes contra la humanidad. Fue coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público.
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Igual se conoció que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), también de la CIDH, que entre sus funciones asesora a la Comisión de Verificación y Seguridad en el país, ha conocido información sobre la muerte violenta de 18 personas en una semana y de múltiples casos de personas heridas, detenciones arbitrarias, allanamiento de viviendas y represión selectiva.
Reitera llamado de garantizar la vida
“Es urgente e imperativo parar la represión y las detenciones arbitrarias, así como las nuevas formas de violaciones que están siendo identificadas”, aseguró la relatora para Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola, en un comunicado de prensa de la CIDH.
Urrejola reiteró al Estado de Nicaragua la importancia de cumplir con la recomendación de garantizar la vida, integridad y seguridad de todos los manifestantes en ejercicio de sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión.
Entre las atribuciones del GIEI están analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica; analizar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación y si se están empleando las figuras legales adecuadas.
El Grupo tendrá garantías de autonomía e independencia, así como de acceso a los expedientes de investigaciones y de seguridad para realizar su trabajo.