El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo intensificó el ataque dirigido contra las organizaciones no gubernamentales de Nicaragua que son contrarias a su modelo dictatorial.
Para ello se vale de leyes y del aparato de persecución penal que cumple con obediencia sus órdenes, afirman abogados y activistas de derechos humanos.
Hasta el momento, hay cuatro ONG bajo la lupa política del dictador: el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) —que ya fue allanado—, Hagamos Democracia, Movimiento por Nicaragua y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias.
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Todas las organizaciones perseguidas, bajo el amparo de la aplicación de la Ley antilavado y terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) más el beneplácito del Ministerio de Gobernación abordan el tema de ciudadanía, gobernabilidad, democracia y derechos humanos.
Estos son tópicos que el régimen orteguista no acepta. La última actuación ilegal contra los presidentes de estas organizaciones se conoció esta semana cuando la Policía Orteguista y la Fiscalía informaron a la defensora de derechos humanos Haydée Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, y al politólogo José Antonio Peraza, presidente del Movimiento por Nicaragua, quienes tienen restricción migratoria.
Castillo fue detenida el domingo 14 de octubre en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, precisamente porque no estaba enterada de la medida cautelar.
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“La detención arbitraria es parte de la acción intimidatoria del régimen que no sigue los procesos legales de la investigación. La retención migratoria es una medida cautelar que solo puede ser ordenada por un juez y debe notificarse formalmente a la persona afectada para explicarle el porqué se le investiga, proceso que no sucedió”, explicó el abogado penalista Nelson Cortez.
Cortez agregó que la retención migratoria implica el impedimento de salida del país, pero en ningún caso justifica la retención policial que le hicieron a Castillo, la cual es arbitraria.
Leyes con fines políticos
Un exfiscal explicó que tanto la Ley antilavado como la Ley UAF son utilizadas porque colocan a las ONG como sujetos obligados y deben reportar sus operaciones, porque son susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y eventualmente para financiar actividades terroristas, que no es el caso en Nicaragua, pues aquí es únicamente para perseguirlos penalmente por intereses políticos.
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Al respecto, Cortez explicó que aunque las ONG no aparecen literalmente como sujetos obligados en la UAF para brindar cierta información, esta institución puede investigar a cualquiera persona natural o jurídica aunque no aparezca como sujeto obligado.
“Estas leyes son como bolsón sin fondo, establecen conductas abiertas que le dan mucho margen interpretativo al juez para que casi cualquier conducta o actividad pueda caber como terrorismo o financiamiento al terrorismo”, dijo el abogado.
Persecución penal
En el caso de Félix Maradiaga, director del Ieepp, está siendo señalado de supuestamente financiar al terrorismo y el régimen lo quiere responsabilizar de financiar a través de dicha ONG lo que ellos denominan “intento de golpe de Estado”. Por eso en septiembre pasado allanaron sus oficinas.
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De igual manera, pasa con Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, porque también lo quieren inculpar de financiar las protestas sociales que iniciaron el 18 de abril en el país y también lo mencionan en el juicio contra el exempleado público Cristhian Mendoza, alias el Viper, quien está siendo utilizado para implicar a Maradiaga y García en la supuesta financiación de las protestas de abril.
“El régimen sigue criminalizando la protesta y ahora busca como callar las voces de las organizaciones que han trabajado en el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad, los derechos humanos y, ¡qué más descabezándolas!, pero no ha podido, más bien se queda más evidente su represión y se aísla internacionalmente”, dijo García.
Objetivo es debilitarlas
Para Pablo Cuevas y Denis Darce, de la CPDH, el propósito del régimen de perseguir a las organizaciones no gubernamentales es para que estas dejen de fortalecer y trabajar en temas de democracia, gobernabilidad y derechos humanos.
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Darce cree que deben existir otras organizaciones que deben estar siendo investigadas, además del Ieepp, Hagamos Democracia, Movimiento por Nicaragua y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, pero el régimen no ha informado, por la misma política de secretismo del Estado. También recordó que hay recursos por inconstitucionalidad contra la leyes antilavado, UAF, pero mientras la CSJ no los resuelva, ni las suspenda, seguirán aplicando las normas.