La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua producto de las manifestaciones que se desataron desde el pasado 19 de abril nunca se hubiera dado si existiera una política de Gobierno abierto, la cual consiste en una forma de comunicación horizontal entre los gobernantes y los ciudadanos, explica Dayra Valle, subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
Valle define el Gobierno Abierto como un conjunto de principios basados en la transparencia, la rendición de cuentas y participación ciudadana, que tiene como eje el uso de herramientas tecnológicas de la información, es decir, que toda esta información está al alcance de la población en los sitios web, en pocas palabras “es una forma de comunicación en la cual un gobierno conversa con sus ciudadanos”. Cuando estas condiciones no se dan a esto podría denominarse Gobierno Cerrado.
En Nicaragua el secretismo con el cual se maneja la información pública y la exclusión de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones de las políticas públicas colocan al país como uno de los menos abiertos en la región, dado a la falta de cumplimiento que se exige para convertirse en un Gobierno Abierto, según revela el estudio de Gobernanza de las Telecomunicaciones hacia la Economía Digital, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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En palabras más simples, para que en Nicaragua haya un “Gobierno Abierto”, se debe publicar en los sitios web de cada institución estatal: contratos, informes de gestión, balances generales de las instituciones y otros documentos que estén actualizados, deben ser abiertos sin la necesidad de registrarse para poder ser consultados y el uso de los datos no debe estar sometido a ningún tipo de regulación que restrinja su reutilización. Valle explica que a esto se le denomina transparencia activa.
La especialista señala que en el país algunas instituciones en su sitio web te piden registro para tener acceso a estos datos y otras instituciones te muestran estadísticas desactualizadas en formato PDF, diseñados para la consulta de datos, pero que no permite su reutilización de manera sencilla.
Pero además el acceso a la información pública solo es un eje del Gobierno Abierto, la otra parte se basa en la participación ciudadana y la colaboración, “de manera que la población puede incidir en la creación de políticas públicas, como la reciente reforma al Seguro Social, que si hubiera sido en un ‘Gobierno Abierto’, la población hubiera participado en la construcción de una propuesta”, comenta Valle.
Tal es la situación en Nicaragua, que el Gobierno inclusive ha cerrado toda puerta de cuestionamiento a sus funcionarios, evitando que la prensa independiente tenga acceso a conferencias donde solo pueden llegar los medios de comunicación que maneja el Ejecutivo, los que se limitan a reproducir discursos, en su mayoría propagandísticos.
Propensos a la burocracia y corrupción
Manuel Díaz, especialista en Marketing Digital, señala que Nicaragua está lejos de implementar este concepto, sobre todo por la centralización de la información.
“El Gobierno de Nicaragua tiene como política de Estado no compartir información a menos que su uso sea totalmente controlado por ellos. Quebrar con ese paradigma es el primero de muchos pasos antes de siquiera pensar en un gobierno abierto. La analogía más clara que se me ocurre es discutir la factibilidad de tener en Nicaragua un tren de alta velocidad, cuando ni siquiera tenemos un tren normal”, dijo.
Díaz explica que el hecho de que en Nicaragua exista un modelo de Gobierno Cerrado afecta a los ciudadanos al no poder fiscalizar a su gobierno y afecta la inversión, pues los hace más propensos a la burocracia y corrupción.
“Visto como un concepto más clásico sin el elemento de la innovación, la ausencia de transparencia en el Gobierno de Nicaragua es uno de esos indicativos que lo alejan del terreno de la democracia y lo acercan más al terreno de la dictadura”, dijo Díaz.
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A pesar de que en Nicaragua en el 2007 se aprobó la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, realmente solo es una Ley en papel, pues el Gobierno bajo la administración del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, ha centralizado la información al punto que las instituciones y empresas estatales no publican datos de forma abierta en los sitios web o si los publican muchas veces no coinciden con la realidad, por lo que especialistas temen que “han sido maquillados”.
A esto hay que sumarle que el país debe mejorar el acceso a internet, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que Nicaragua es el país de Centroamérica con menos acceso a internet a través de la red domiciliar y dispositivos móviles, con 19.4 por ciento. Es decir que un 80.6 por ciento de la población no tendría acceso a la información pública digital.
El acceso a banda ancha es importante en este tema, pues según el estudio de Gobernanza de las Telecomunicaciones hacia la Economía Digital, las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, la participación del público y la colaboración. “Los países deben aprovechar estas tecnologías para hacer pública más información de manera que permitan a la gente entender lo que sus gobiernos están haciendo”, se lee en el estudio.
Beneficios del Gobierno Abierto
Valle expone que la política de un Gobierno Abierto promueve un mejor funcionamiento de los sistemas democráticos, porque rompe con el modelo vertical, donde el gobernante toma sus decisiones sin consultar a la población y sin importar cuál es su opinión.
“Esto además promueve el acceso a la información, fomenta la participación más activa, porque no es posible tener un mecanismo de gobierno abierto, sin que se abran canales para un trabajo en conjunto”, dijo Valle.
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Diálogo abre una puerta
Valle agregó que en este momento Nicaragua está en una etapa importante porque por primera vez se trata de establecer un diálogo entre los gobernantes y la ciudadanía; sin embargo, las condiciones para establecer un Gobierno Abierto estarían determinadas a que el Estado comience a ser transparente, a rendir cuentas, a escuchar las propuestas de la población, que hoy más que nunca se han empoderado de la tecnología, usando las redes sociales para denunciar.
“Creo que este tema con la actual coyuntura se vuelve sumamente relevante porque estamos frente a las posibilidades de un diálogo nacional. El tema de gobierno abierto en este momento es sumamente necesario porque no solo se trata de dialogar, sino que se proporcione la información necesaria, veraz, para llegar a un consenso”, sostuvo Valle.
Añadió que si en el país se implementara esta política la historia actual fuera otra, por lo que animó al Gobierno a formar parte de la Alianza de Gobierno Abierto.
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Gobierno rechaza alianza
La Alianza para el Gobierno Abierto fue lanzada formalmente el 20 de septiembre de 2011 durante una reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los fundadores de la iniciativa fueron Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, aunque este último con la llegada del presidente Donald Trump pretende salirse de la alianza.
La plataforma internacional cuenta con 15 países de América Latina y más de setenta a nivel mundial. Los países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto aprueban y ejecutan sucesivos Planes de Acción de Gobierno Abierto. Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guyana son los únicos países de Latinoamérica que se han negado sumarse a la iniciativa.
Más que establecer un rango mundial de transparencia, la alianza proporciona apoyo a los países en democratización.
Retos actuales
El estudio Gobernanza de las Telecomunicaciones hacia la Economía Digital revela que los marcos institucionales y normativos desactualizados de algunos países de la región no permiten aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la aplicación de las tecnologías digitales a servicios digitales, que a menudo se nutren de datos abiertos de Gobierno. “Otros factores limitantes son la falta de infraestructura de banda ancha y de equipos digitales en instituciones públicas que permitan incorporar las tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos”, dice el estudio.