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El presidente designado por el CSE, Daniel Ortega, junto al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. LA PRENSA/ARCHIVO

Informes de EE.UU. deben alertar a Ortega, según opositores

Analistas, críticos y opositores al Gobierno expresaron que los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Nicaragua, que incluyen al país en una lista negra de Estados vulnerables

Analistas, críticos y opositores al Gobierno expresaron que los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Nicaragua, que incluyen al país en una lista negra de Estados vulnerables al lavado de dinero y lo califican como “autoritario”, deben ser una alerta para Daniel Ortega, presidente designado por el Consejo Supremo Electoral.

Según la visión general de los entrevistados por LA PRENSA, esto reactiva la amenaza de la aprobación de una Ley de sanciones económicas, conocida como “Nica Act”, que impulsan congresistas norteamericanos.

El Informe Anual sobre el Estado Global de los Derechos Humanos, emitido este viernes, destaca los obstáculos a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación y el acoso a los periodistas y medios de comunicación independientes, así como una mayor restricción del acceso a la información pública. También indica que en Nicaragua hubo una corrupción generalizada, incluso en la Policía, el poder electoral, la Corte Suprema de Justicia y otros órganos del Estado.

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Carlos Tünnermann, exembajador en Washington, opinó que este informe pone en una situación compleja a Ortega.

Carlos Tünnermann, exembajador de Nicaragua en Estados Unidos. LA PRENSA/ARCHIVO

“Esto demuestra que en el Departamento de Estado están bien claros cuál es la situación de Nicaragua. El gobierno de Ortega ya está a nivel de dictadura. Si el Departamento de Estado lo califica de autoritario, la calificación es correcta. Aquí todos los nicaragüenses sabemos que Ortega controla todos los poderes del Estado”, señaló el exdiplomático.

Señal de alerta

El informe anual sobre narcotráfico y crímenes financieros, presentado el jueves, incluye a Nicaragua en la lista negra de países vulnerables a esos delitos, lo que, a criterio de Tünnermann, complica aún más la situación de Ortega, en la aplicación de la iniciativa de Ley “Nica Act”.

“Esto debería ser una señal de alerta para el gobierno de Ortega. Estas calificaciones están basadas en la realidad de este país y lo menos que Ortega debe hacer es reflexionar, porque este informe debe ser muy importante a la hora en que se discuta la ‘Nica Act’, porque si es un informe del Departamento de Estado, de seguro que los representantes y los senadores van a tomar muy en cuenta estos informes”, advirtió Tünnermann.

Sobre la vulnerabilidad del país al lavado de dinero, Roberto Orozco, analista de temas de seguridad, observó que el documento del Departamento de Estado “es un informe serio”, que tiene “señalamientos de graves”.

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“El lavado de dinero en Nicaragua es un mito todavía en el sentido de que no ha sido cuantificado, pero sabemos que existe diversidad de mecanismos, no estoy hablando de los mecanismos tradicionales ni de los mecanismos del Sistema Financiero Nacional o de la banca privada o de la banca estatal; estoy hablando de mecanismos novedosos y esto es lo más importante que trae el informe del Departamento de Estado”, afirmó Orozco.

No obstante, el experto en temas de seguridad considera que aunque el informe se queda corto en cuanto a la identificación de otros mecanismos, también “señala mecanismos que son clave y son determinantes que están siendo usados por las organizaciones criminales para lavar dinero en Nicaragua”.

Lavado a través de propiedades

Sobre el lavado a través de propiedades, refiere que esto es “lo que nosotros conocemos como tráfico de tierras, que es compra y venta de propiedades, ya sea por medio de la invasión de tierras o la emisión de títulos supletorios”.

Roberto Orozco, consultor independiente en temas de seguridad. LA PRENSA/ARCHIVO

Orozco también mencionó la venta de ganado vacuno, el turismo y el deporte como otros mecanismos donde se podría estar lavando dinero en Nicaragua.

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En este último caso señaló que esto significa que se está reportando “que hay más habitaciones ocupadas que el ingreso de turistas”, que son los dos indicadores utilizados para realizar un estudio de lavado de dinero a través del turismo.

Deporte y lavado

El otro aspecto en el cual “se queda corto” el informe, según Orozco, es que el deporte es un mecanismo de “lavado de dinero tradicional en Nicaragua”.

“Recordemos la corrupción de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociado). El deporte es uno de los mecanismos a través de los cuales se lava mucho dinero”. O sea, la venta de entradas versus el capital que se tiene no coinciden y los eventos reportan mayor ingreso, mayor dinero de lo que realmente se obtiene y ese dinero depositado en manos del lavador ya está legalizado, porque reporta de una actividad que no está regulada, que es el deporte… donde nadie te hace una supervisión de eso y el banco lo acepta porque no son personas políticamente expuestas, es decir, no es una actividad sospechosa”, explicó Orozco.

El consultor independiente aclaró que las presunciones de lavado en el país no indican que el dinero es depositado en la banca nacional, sino que es un flujo ilícito que sale para ser depositado en los llamados países paraísos fiscales.

Golpe a empresarios

El exdiputado y abogado Eliseo Núñez Morales consideró que los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos “son consecuencia de los altos niveles de descomposición institucional” e implican “una desmejora en el clima de negocios”.

“Todo el tema de que los empresarios están cómodos se cae con esto (los informes), porque al final no tenés la capacidad para seguir atrayendo inversión sana al país”, dijo el exdiputado.

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Los secretarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Marcos Carmona y Álvaro Leiva Sánchez, respectivamente, apuntan que los informes recogen lo que han venido denunciando de forma reiterada las organizaciones críticas del país.

Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la ANPDH. LA PRENSA/ARCHIVO

“No se está diciendo ninguna mentira, es la triste realidad que estamos viviendo en Nicaragua producto de un Gobierno cerrado, un Gobierno intolerante y un Gobierno que a través de la incidencia que tiene sobre los poderes del Estado no le da garantías al pueblo, en ese sentido el derecho al voto, el control partidario, todo lo que destaca ahí (el informe) lo señalamos y lo compartimos y es lo que hemos denunciado siempre”, reaccionó Carmona.

El secretario ejecutivo de la ANPDH estimó que también “no es más que un señalamiento de la inseguridad que vivimos los nicaragüenses y de la permanente violación a los derechos humanos”.

Gobierno con “oídos sordos”

El exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, manifestó que estos señalamientos “críticos” contra el gobierno de Daniel Ortega “confirman lo que la sociedad nicaragüense ha señalado y reclamado desde hace años”, que “en Nicaragua hay una dictadura”; sin embargo, “el Gobierno continúa practicando su política de oídos sordos”.

“No enfrentan ni corrigen la situación, es política de avestruz” que a nada nos va a conducir, más que a dañar aún más la imagen del país a nivel internacional y mantener latente el conflicto pueblo-Gobierno que estamos padeciendo y que se podría profundizar”, dijo Dávila.

Impunidad, injusticia…

“Este informe es coherente con lo que hemos venido señalándole de manera constructiva al Estado nicaragüense de violaciones a los derechos fundamentales o derechos humanos de la sociedad nicaragüense, en el sentido de que radica en tres aspectos fundamentales: la impunidad, la injusticia y la indolencia, en un estado que no se identifica de manera clara, de forma amigable con los derechos humanos de los nicaragüenses”, sostuvo por su parte Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Pro Derechos Humanos.

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