En febrero de 2016 Carlos Bonilla, en ese entonces coordinador del Movimiento Democrático Nicaragüense sufrió un atentado cuando junto a su esposa Gabriela García, abordaba un taxi en la Colonia Diez de Junio. Ambos fueron atacados por cinco desconocidos con puñales y tubos de hierro. García recibió la peor parte recibió dos heridas en el tórax. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares para ambos, pero dos años después, las mismas nunca fueron implementadas.
«Estamos ante un Gobierno autoritario y principalmente violador de los derechos humanos. En nuestro país la vida no vale nada y mucho más cuando sos un ciudadano que piensa distinto al Gobierno», afirmó Bonilla, quien recordó que su caso quedó en la impunidad, porque nunca fue investigado.
Otro caso fue el de la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua” (Cejudhcan), Lottie Cunningham, en junio del año pasado fue aceptada la solicitud a su favor por la situación de riesgo que enfrentaba ante las amenazas de muerte y hostigamientos sufridas, como consecuencia de las actividades que realiza en favor de las comunidades indígenas Miskitus.
Cunningham refirió que tanto en su caso como el de las comunidades indígenas ninguna autoridad ha acatado estas medidas, que han sido «ignoradas», por el Estado de Nicaragua por lo que la organización que representa solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para siete, de doce comunidades beneficiadas con medidas cautelares.
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En los últimos diez años la CIDH ha otorgado unas siete medidas cautelares relativas a Nicaragua las que abarcan un número no precisado de beneficiarios, pues en algunos casos comprenden a a varios miembros de una familia o de una organización y en el caso del Caribe Norte a comunidades enteras.
«Con el actual Gobierno se han tramitado una serie de medidas cautelares y en ninguna de ellas se ha abierto un procedimiento de concertación con las víctimas o los beneficiarios de de estas medidas cautelares y tampoco se han establecido los mecanismos para el cumplimiento del mismo», explicó la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores.
En 2008 el Cenidh fue uno de los beneficiados y lo que hizo la Policía fue colocar policías afuera del local, «pero esto no se puede considerar como una medida cautelar porque nosotros nunca tuvimos una reunión para acordar esa forma de protección, que dicho sea de paso tampoco tenemos reportes o informes de lo que ha significado el que nosotros contemos con una vigilancia policial», aseguró Flores.
La abogada del Cenidh expresó que esta presencia policial más bien ha provocado temor para algunos usuarios y en otros casos por estar la sede de esa organización en el perímetro de seguridad presidencial, la Policía se ha dado a la tarea de solicitar información, esto ocurre sobre todo cuando se presentan en grupos grandes ante esa organización.
Los dos últimos casos tramitados por el Cenidh fueron a favor de la líder campesina Francisca Ramírez , a finales de diciembre y a favor de la campesina Elea Valle, a inicios del presente año; al igual que el resto de los casos , el Estado no los ha cumplido. Valle es la madre de dos menores masacrados en un operativo del Ejército de Nicaragua en noviembre del 2017.
Las medidas deben ser acordadas entre los beneficiarios, representantes y el Estado donde discutan cuáles son las más apropiadas para garantizar la vida e integridad física de las víctimas.
