El 14 de marzo la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, pronunció un discurso sobre las perspectivas de Nicaragua hacia el año 2030. No debería ocurrir que la embajadora Dogu hable más claro sobre algunos aspectos de la situación estratégica de Nicaragua, que la clase empresarial que dirige la economía del país. Cuando se ve nuestro destino en perspectiva, destacan sus debilidades y amenazas, y se hace evidente la miopía de una clase empresarial en estancamiento, incapaz de proyectar estratégicamente el futuro cercano porque con una productividad decreciente se entretiene satisfecha con privilegios inmediatos, y con exenciones y exoneraciones obtenidas por su cercanía al poder.
La embajadora ha señalado con claridad, a los empresarios tradicionales, que actualmente no son capaces de conducir a Nicaragua a enfrentar con éxito los retos de los nuevos paradigmas tecnológicos de la economía global. Que no son capaces de apostar, desde ahora, por la formación humana, por el conocimiento y la innovación, indispensables para entrar a la globalización con alguna perspectiva de desarrollo económico. Y que no se percatan, tampoco, que el cielo amenaza con caerles a pedazos sobre sus cabezas, más por las amenazas que provoca el modelo político del que son parte, que por la incertidumbre de una realidad global desafiante.
A lo largo de la historia, los cambios profundos que requiere la realidad, finalmente son adelantados por la clase social objetivamente más progresista, cuando quienes dirigen el establishment se resisten al cambio, y se empantanan parasitariamente en privilegios económicos sin productividad.
Sin embargo, a pesar de lo que dice la embajadora, las decisiones políticas adoptadas por Ortega y por la clase empresarial no aumentan la incertidumbre, sino, el riesgo, que se deriva de la ignorancia del entorno. Porque el riesgo crece cuando aumenta la probabilidad de que las circunstancias que escapan de control resulten negativas. Y el riesgo, no la incertidumbre, es el que trae aparejados sobrecostos financieros mayores a la tendencia internacional. Porque el riesgo se agrava exponencialmente por la falta de cálculo o por la propensión calamitosa al error.
En efecto, las decisiones caprichosas del régimen actual, su falta de planificación y de regulación, nos conducen con seguridad al despeñadero. La crisis económica que crece de forma evidente no es una sorpresa, o un factor aleatorio, sino, un producto de la torpeza, de una estrategia equivocada, de oportunidades perdidas por negligencia y corrupción.
Hoy sabemos que la libertad está vinculada al desarrollo objetivo de oportunidades para la juventud, no solo a la voluntad de combate. La consigna actual, de esta generación condenada por el orteguismo a la opresión y al fracaso, debe ser la de productividad o muerte. Y debe apostar por aquellos sectores sociales capaces de realizar las transformaciones estructurales necesarias a la sociedad, en la política y en la economía.
La importancia del discurso de la embajadora Dogu radica, no en la caracterización que hace de nuestra realidad, sino, en que expresa la forma que nos ve el socio comercial más importante. Y porque racionaliza, preventivamente, las medidas económicas que tomará respecto a un país a la deriva, bajo un absolutismo irresponsable.
El conflicto entre el absolutismo de Ortega y Washington, no tiene ningún componente nacional. Ambos contendientes llevan al país a la destrucción. La población, en propio interés, no debe permitir que el orteguismo nos lleve nuevamente a una confrontación inútil.
Aguerri escribe en LA PRENSA del 27 de marzo, que el Cosep por cuatro años consecutivos ha violentado la ley que establece el cálculo del salario mínimo, porque para el Cosep los objetivos en las negociaciones del salario mínimo son tres:
1. Mantener el empleo formal existente; 2. Mantener la sostenibilidad de las empresas formales; 3. Estimular la generación de más fuentes de empleos formales.
Su fórmula parece ser que más miserables son los salarios y más rentables son las empresas. La productividad del trabajo, dice Aguerri, cae a una tasa promedio anual de 0.94 por ciento, y concluye tontamente que no se prevé un incremento en el corto plazo.
La productividad del trabajo cae porque el trabajo formal no es capaz de captar la creciente Población Económicamente Activa. De manera, que crece en la sociedad el trabajo informal, precario y de baja calificación.
El problema real, en la formalidad, no es el salario mínimo, sino, el escaso valor agregado en la producción de bienes. De modo, que a pesar que el salario mínimo en Nicaragua es, apenas, el 34 por ciento del promedio latinoamericano, resulta sin embargo el costo más significativo (50 por ciento) del conjunto de los costos productivos (solo después de Honduras).
Habría que apuntar, entonces, a incrementar el valor agregado, no a reducir los salarios aún más. Es decir, hay que proceder a una recapacitación del personal y a invertir en bienes de capital, e incrementar la demanda de trabajo más calificado.
Si como propone Aguerri, no se hace nada en el corto plazo para incrementar la productividad, generando empleos con mayor conocimiento y creatividad, con mayor tecnología y con menores costos energéticos, la alternativa miope del Cosep de reducir progresivamente los salarios reales no solo es incierta, como dice amablemente la embajadora, sino, que no es socialmente sostenible a muy corto plazo.
El autor es ingeniero eléctrico
