Los juristas Carlos Tünnermann Bernheim y Óscar Castillo analizan que el verdadero objetivo del Gobierno con las reformas a varias leyes relacionadas con la violencia es amedrentar a los ciudadanos a través de la penalización del ciberbullying, con el fin de callar las denuncias contra los funcionarios públicos y las críticas al modelo orteguista.
Tünnermann y Castillo coinciden en identificar que la estrategia del orteguismo es establecer el miedo entre los ciudadanos a enfrentar un juicio para lograr controlar las informaciones en el internet.
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Ambos especialistas advierten que si en la Asamblea Nacional se tipifican delitos dirigidos a censurar mediante el Código Penal o cualquier otra ley, estas reformas serían inconstitucionales.
“Si se dictara alguna ley que vaya a establecer una mordaza cibernética, se estaría violentando el artículo 30 de la Constitución, que dice que ‘los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio’”, explicó Tünnermann.
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El jurista recuerda que el gobierno del presidente designado, Daniel Ortega, “ha creado en la represión un elemento de disuasión para que no se proteste en las calles, pero se ha dado cuenta que lo único que hasta el momento está fuera de su control son las redes sociales e intenta usar las leyes para llevar a las redes el miedo a denunciar los abusos”.
Reformas tras denuncias
Tras ser denunciado en el internet supuestos actos de corrupción y abusos de funcionarios públicos, el Ejecutivo orientó a la Asamblea Nacional —la cual controla— revisar las normas jurídicas relacionadas a la familia y la violencia con el argumento de que había preocupación por el ciberacoso y las noticias falsas.
La Comisión de la Mujer junto a miembros de la junta directiva del parlamento abordaron en la primera fase de la consulta con 55 organizaciones, los cambios a diez leyes como el Código de la Familia, el Código Penal y la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer.
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Sin embargo, hasta ahora los diputados no precisan cuáles son las debilidades de esas leyes, por lo que se deben reformar para, según el orteguismo, fortalecer los vínculos de la familia.
Para Castillo, “eso es una autoconsulta del Gobierno porque ahí no hay organismos de la sociedad civil, de los derechos humanos, de los partidos políticos, siendo escuchados sobre cómo mejorar las leyes. La mayoría de los grupos que han propuesto cambios a las leyes son afines al Frente Sandinista”.
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En opinión de Castillo, el Ejecutivo se vio forzado a aceptar a las cámaras empresariales, a representantes de la Iglesia católica y a cooperantes hasta que se criticó de que habían sido excluidos de esa consulta sobre las reformas legales.
Castillo teme que lo que estos grupos propongan no sea tomado en cuenta, sino que se les usó para “legitimar las reformas a las leyes que buscan callar el rechazo de la gente” al orteguismo.