Rosario Murillo, vicepresidenta de la República de Nicaragua, designada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), insistió este mediodía en el debate sobre el uso de las redes sociales (Facebook, Twitter, You Tube, entre otras) y anunció que la Asamblea Nacional ya tiene un “plan de trabajo” para iniciar el proceso de consultas, sobre esto.
“…entidades públicas, privadas que trabajan en defensa de los derechos de la niñez, la adolescencia, las iglesias, los religiosos…serán convocados por la Asamblea Nacional para reconocer, analizar, conversar sobre las leyes que tenemos, lo que debemos actualizar en lo que quepa tomando en cuenta las nuevas realidades culturales… trabajar entre todos la modificación que nos ayude a mejorar y proteger a nuestra niñez, jóvenes frente a las amenazas…trabajar en un mundo real”, dijo Murillo.
Mientras diputados de la Asamblea Nacional confirman que abrirán a consulta el tema sobre el uso de las redes sociales en Nicaragua, abogados penalistas consideran que no es conveniente meter el “ciberacoso” como nuevo delito, porque ya hay delitos generales como la propalación y las injurias y calumnias, que sancionan esas acciones delictivas que ofenden e imputan falsedades por cualquier medio incluido el internet.
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“Lo peligroso de hacer una reforma e incluirlo como delito nuevo (Ciber acoso) es que no se mantenga su concepto jurídico estricto y abrirse o utilizarse como una forma de censura a la libertad de expresión o una forma de represión contra la crítica a los funcionarios públicos”, explicó el abogado Nelson Cortez.
Para el abogado Róger Alvarado, especialista en crimen organizado, la Policía Nacional tiene la capacidad técnica para detectar de qué servidor se genera cualquier información e incluso detectar a quiénes compartieron esa información.
“No necesitamos más delitos ni leyes que vengan a imponer temores y sanciones. si un funcionario público se siente ofendido que se someta al escrutinio judicial, para que defienda su honor, si son falsas las informaciones que dicen de ellos. Lo peligroso es que se trata de poner mordaza a la opinión pública”, agregó Alvarado.
No es a la ligera y se debe tener cuidado
Por otra parte, el penalista Boanerge Fornos considera que debe hacer un análisis detallado de lo que consiste el ciberacoso, de tal manera que no sea un obstáculo a la libertad de expresión.
De igual forma la penalista Leyla Prado Vanegas explicó que por el contexto y el desarrollo tecnológico que implica el uso de la Internet hace necesaria una regulación de este delito conocido también como “Ciberbullyng”, pero esto a su vez implicaría la preparación técnica a todos los operadores del Sistema de Justicia Penal, ya que es un tema que implica el conocimiento de informática, uso de internet y redes sociales.
Además consideró que “debe haber un proceso de consulta en relación a criminalizar la conducta, ya que hay normas que pueden rozar con su tipificación en una reforma al Código Penal”, dijo Prado.
En las redes sociales también ya está abierto el debate y hay quienes critican la posición del Gobierno de querer controlar lo que se publica en las redes, cuando ellos mismos han promovido los parques con señal wifi, donde todo mundo tiene acceso al internet y las críticas para quienes no están de acuerdo con sus políticas van y vienen en ofensas y nadie había dicho nada.
Roce con libertad de expresión
Para Marcos Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se debe tener cuidado con la aprobación de un nuevo delito o de una nueva ley que limite o roce con el derecho de la libertad de expresión y recordó que no es delito una crítica a un funcionario público por corrupción en sus funciones.
“Los funcionarios públicos están expuestos a ser denunciados de actos de corrupción en sus funciones, cualquier ciudadano puede hacerlo y no es acoso, no es delito. Debe cuidarse de no poner un bozal a las personas que están denunciando represión policial por ejemplo en las redes sociales”, reiteró Carmona.