En febrero de 2016, el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) suscribieron un Memorándum de Entendimiento con el cual el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, se comprometía a poner en práctica acciones dirigidas a fortalecer la democracia del país.
Sin embargo, este acuerdo y el “diálogo entre la OEA y el Gobierno ha sido poco transparente y con pocos resultados”, dijo Violeta Granera, coordinadora del Frente Amplio por la Democracia (FAD).
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Para Granera, un ejemplo de los pocos frutos de este acuerdo son las votaciones del pasado 5 de noviembre, pues hubo observación electoral de parte de la OEA, pero los resultados han sido considerados como fraudulentos.

LA PRENSA/ U. MOLINA
El primer acercamiento entre el Gobierno de Nicaragua y la OEA fue el 15 de octubre de 2016. Antes de ese encuentro Ortega habría tenido múltiples roces con este organismo.
Entre los últimos hechos está el discurso del 4 de junio de ese mismo año, cuando Ortega fue designado por el Congreso Sandinista como candidato presidencial por séptima vez.
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En ese momento Ortega vociferó en contra de la observación electoral. “Observadores sinvergüenzas.. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”, refirió entonces, en clara referencia a las misiones de observación electoral de la OEA, de la Unión Europea y el Centro Carter, quienes habían sido los observadores internacionales tradicionales.
¿Por qué firmó Ortega?
Fue hasta el 20 de enero de 2017 que el gobierno sandinista aceptó firmar el acuerdo, y es hasta el 28 de febrero de ese mismo año que se llevó a cabo la firma del mismo.
A criterio de Granera, “Ortega firmó porque creyó que iba a lograr detener toda la molestia que hay a nivel internacional por la falta de democracia, falta de respeto al voto popular y toda la corrupción y violaciones a derechos humanos que hay en el país”.
Reformas a profundidad
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), afirmó que es de mucha conveniencia para Nicaragua el cumplimiento de este memorándum.
Sin embargo, refirió que se requiere una colaboración pluralista e integral. En este sentido, dijo que debe haber mayor participación de todos los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de derechos humanos; asimismo de organismos internaciones como la Unión Europea y el Centro Carter.
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“No es solamente un trabajo bilateral OEA-Gobierno”, dijo Zelaya, “se requieren reformas de fondo, no cosméticas, no livianas”.
Agregó que “el sistema electoral desgraciadamente ya dio lo que tenía que dar, colapsó hace ya bastante tiempo y es una cuestión de volver a construirlo”.
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Por su parte, Granera indicó que las negociaciones no se pueden dejar solamente en manos de la OEA y el Gobierno debido a que “es un problema que nos compete a todos los nicaragüenses y que está teniendo repercusiones serias en la economía y en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de todos”.
Recalcó que los resultados van a depender de la presión que ejerzan todos los sectores del país.