El Salvador vivió en el 2017 una crisis financiera por los desacuerdos entre el oficialismo y el principal partido de oposición en el Congreso, situación que apunta a prolongarse a 2018 y que pone en peligro la aprobación del presupuesto y el pago de la deuda estatal.
El clímax de la intransigencia política se dio el 6 de abril pasado, cuando los diputados no aprobaron una millonaria emisión de bonos para evitar el impago de la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Días después fue convocada una sesión extraordinaria en el Congreso para buscar saldar la deuda de más de 50 millones, pero fue abortada por la falta de acuerdo y los legisladores prefirieron irse a vacaciones de Semana Santa dejando al país en el impago.
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Esta situación dio al traste con la imagen financiera del país centroamericano, ya que las calificadoras de riesgo lo pusieron en las categorías más bajas y la Hacienda pública se vio obligada a dejar de colocar bonos en el mercado internacional por la escalada en los intereses.
Sin importar esta situación, ni el efecto que podría tener en el sistema previsional en general y en las pensiones de los jubilados, los diputados volvieron de su descanso más dispuestos a discutir en los medios que en la sede del Congreso.
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Veinte días después de iniciado el terremoto financiero, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y otros partidos minoritarios recortaron 56 millones de dólares del presupuesto estatal para saldar la deuda, mientras que la principal fuerza opositora, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), no votó.
Las carteras de Seguridad, Educación y Salud sufrieron recortes, pero ministerios como el de Turismo y Medio Ambiente en El Salvador se quedaron casi “en ceros”, informó posteriormente el Gobierno.
Saldada la deuda, los diputados se concentraron en una reforma al sistema de pensiones que alcanzaron el 28 de septiembre pasado y con la que también evitaron un nuevo impago con las AFP por más de 90 millones de dólares.
Dicha reforma incrementó en dos puntos porcentuales la cotización de los trabajadores y separó en dos fondos sus ahorros: uno para el pago destinado para su jubilación y otro para pagar las pensiones de unos 160 mil jubilados del sistema dejado en 1998 y los 5,700 millones de deuda histórica con las AFP.
No obstante, la crisis financiera afectó a otras áreas de la economía salvadoreña y llevó al Gobierno a recortar los subsidios para las familias más necesitadas.
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A inicios de febrero, dos gremiales de empresarios advirtieron que el país estaba al borde el racionamiento eléctrico por la deuda del Ejecutivo con las distribuidoras en concepto de subsidios a la población.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el Gobierno no ha saldado la deuda, que en febrero era de unos 53 millones de dólares, pese a que el Congreso le autorizó en septiembre a endeudarse con 168 millones, que también servirían para cancelar las pensiones de los militares y devolver impuestos a los exportadores.
La crisis financiera apunta a prolongarse en 2018, dado que los desacuerdos entre los principales partidos ponen en riesgo la aprobación del presupuesto por 5,520 millones de dólares y de deuda por 2,800 millones de dólares para saldar las “brechas” en el presupuesto de los próximos dos años y renovar Eurobonos que vencen entre 2019 y 2024.
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, advirtió recientemente que si el presupuesto no es avalado antes que concluya el 2017, el país caerá nuevamente en una crisis financiera.
El mandatario auguró que si no se aprueba el presupuesto y la deuda “el 2018 será un año difícil, el Estado no podrá cumplir sus compromisos económicos y se generará una inestabilidad financiera”.
Este presupuesto necesita forzosamente los votos del partido Arena, dado que el FMLN y sus aliados no alcanzan los 56 necesarios, que ha pedido reducirlo en más de 120 millones de dólares.
La crisis de 2017 es una continuación de la vivida en 2016, que en ese año puso en riesgo hasta la financiación de los planes de seguridad, y según el Gobierno tiene a su base la baja recaudación fiscal.
No obstante, ninguno de los dos partidos busca una negociación para acordar una reforma fiscal, recomendada por diversos sectores nacionales y extranjeros, que lleve a nivelar las finanzas estatales y se enfrascan en la discusión de pagar deuda con más deuda.