El pasado 7 de septiembre expresé en mi Manifiesto de renuncia como candidato a la Alcaldía de Managua por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que había aceptado dicha postulación porque “le dábamos un voto de confianza a la Organización de Estados Americanos (OEA) como observador válido y confiable, pero que sin embargo, a esa fecha ya su presencia, resultaba tardía”.
Con el nombramiento que realizó el secretario general Luis Almagro el pasado 18 de septiembre en la persona del doctor Wilfredo Penco, como jefe de la Misión de Observación Electoral, con la designación de quien ha sido un acompañante cómplice en Nicaragua de los procesos electorales fraudulentos de 2008, 2011 y 2016 en Nicaragua, la OEA dejó de ser un observador válido y confiable.
La OEA se equivocó en los tiempos probablemente a propósito, al cumplir con un oscuro compromiso que se desconoce con el régimen Ortega Murillo. Debió llegar al país el 20 de agosto y aún no se presentan, lo que demuestra y confirma que su presencia además de extemporánea, indica su falta de voluntad y confirmación de mis sospechas, de ser un operador y encubridor consciente del régimen en el próximo fraude del 5 de noviembre.
Cuando dije que el silencio guardado de la OEA, era un silencio cómplice con el orteguismo, lejos de equivocarme los hechos me están dando la razón. El nombramiento de un connotado encubridor de fraudes como el señor Penco, ha puesto en evidencia la falta de equidad, transparencia y compromisos de la OEA bajo la administración y responsabilidad de su actual secretario general. Este nombramiento del señor Penco además de inaceptable, es una ofensa a la vocación democrática que la mayoría del pueblo nicaragüense profesamos.
Analizado su comportamiento en Venezuela y Nicaragua, resulta evidente que la OEA está actuando con una doble moral. Mientras en Venezuela fue defensora de las libertades públicas, los derechos humanos y la democracia, en Nicaragua ha actuado a destiempo y ha guardado un silencio cómplice con el régimen Ortega-Murillo y sus acciones son perjudiciales a nuestra lucha por el rescate de la democracia.
En la OEA sus funcionarios están obligados a actuar eficientemente cuando las aspiraciones democráticas de los ciudadanos de América Latina están en peligro, como es el caso de un fraude electoral planificado para el próximo 5 de noviembre en Nicaragua. Responder con equidad y transparencia a nuestras demandas no es un favor de la OEA a los nicaragüenses, sino la prestación de un servicio bien remunerado con las contribuciones de los latinoamericanos al presupuesto de la organización.
La OEA como organización internacional americana se debe más que a los gobiernos, a los pueblos de los países allí representados a como lo demostró en Venezuela.
La reforma amañada del artículo 196 de la Ley Electoral, aprobada el pasado 31 de agosto en la Asamblea Nacional, sin que hubiese presencia de los supuestos observadores que debían velar por unos comicios transparentes, refleja no solo la inefectividad de una Misión Observadora financieramente costosa, sino también el menosprecio, la burla e irrespeto con que el secretario general, Luis Almagro y sus amigos y protegidos tratan a los nicaragüenses.
Los fiscales en cada Junta Receptora de Votos, con la presencia oportuna y vigilante de la OEA, eran determinantes para garantizar el voto de los nicaragüenses en el proceso electoral. Al designar en último momento como jefe de la Misión Observadora a un connotado amigo del régimen, no cabe la menor duda que la OEA actúa con criterios ideológicos y se convierte en cómplice de la dictadura Ortega Murillo.
Tenemos que renovar la esperanza de un cambio en el corazón de todos los nicaragüenses y decirles, que para establecer el nuevo orden que la mayoría de nuestra población demanda, es necesaria la participación unitaria de las diferentes corrientes de pensamiento político, para fundar la República Democrática que la mayoría de los nicaragüenses hemos anhelado.
El autor es excandidato a la Alcaldía de Managua por el CxL.
