La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) teme que Estados Unidos (EE.UU.) adopte sanciones económicas al país similares a las impuestas al régimen de Venezuela, como presión al gobierno orteguista para que se enderece la institucionalidad en el país.
En un intento por evitar esas sanciones económicas, Amcham contrató a la firma consultora estadounidense Carmen Group Incorporated.
La contratación de la firma consultora es “para que haga las debidas gestiones” ante el Senado y el Gobierno de EE.UU. para evitar que se apliquen medidas “a nuestro país, que afectarían la inversión y el comercio con Estados Unidos”, el principal socio comercial de Nicaragua, informó la Cámara en un comunicado.
El martes próximo será discutido en el pleno del Congreso de EE.UU. el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality 2017, H.R. 1918 (Nica Act); la que de avanzar luego en el Senado y convertirse en Ley castigaría a funcionarios del gobierno del presidente designado Daniel Ortega involucrados en actos de corrupción y pondría en aprietos económicos al país.
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Bosco Noguera, secretario de la junta directiva, y Roberto Sansón, directivo y expresidente de Amcham, respectivamente, explicaron a LA PRENSA que han recibido información que más allá de la Nica Act la administración de EE.UU. contempla sanciones financieras que afectarían las inversiones estadounidenses en Nicaragua.
“La Nica Act prácticamente lo consideramos un hecho (su aprobación). La atención principal (al contratar la firma Carmen Group) es evitar sanciones económicas más allá de la Nica Act, como las que aplicaron a Venezuela y ya hablamos de prohibiciones económicas que impiden que cualquier ciudadano o empresa norteamericana tenga relaciones con determinados agentes económicos”, dijo Noguera, ex vicepresidente de Amcham.
Noguera agregó: “Nos lo han dicho directamente en Estados Unidos: ‘vienen sanciones más fuertes de las que ustedes creen’. Entonces lo que se persigue en Amcham es que la Nica Act no sirva de plataforma para otras sanciones y debemos hacer todo a nuestro alcance, como sector privado, para evitar el quebrantamiento del comercio con Estados Unidos”, afirmó.
Los empresarios identifican como señal de que se adoptarán medidas más duras, en la advertencia del consejero económico de la Embajada de EE.UU. en Managua, William Muntean, a sus ciudadanos de que antes de hacer negocios con Alba de Nicaragua SA (Albanisa) deben consultar al Departamento del Tesoro sobre los riesgos o sanciones a los que se exponen, pues esa empresa tiene como socia principal a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), que tienen sanciones de EE.UU.
Ortega ha asumido una férrea defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, quien junto con una veintena de funcionarios y exfuncionarios de su gobierno ya enfrenta sanciones financieras y jurídicas de EE.UU. por quebrantar la democracia, propiciar la corrupción y violar los derechos humanos.
Sansón afirmó que “Nicaragua ha pasado a ser un tema sensible” en Washington, porque el gobierno de Ortega “se solidariza y apoya al de Venezuela”. “Hay mucha gente en Washington que no necesariamente entiende el impacto que medidas como estas (sanciones financieras) tendrían y por castigar una posición política pueden desestabilizar un país”, expresó.
También les preocupan las consecuencias de las afirmaciones del investigador Douglas Farah ante la Comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos, de un presunto involucramiento de Albanisa “en una red de aliados” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Centroamérica para ejecutar lavado de dinero.
Hasta el cierre de esta edición no se logró obtener respuestas del presidente de Amcham, Álvaro Rodríguez, ante las consultas enviadas por mensajes de texto, como él solicitó, sobre la contratación de la firma Carmen Group. Tampoco hubo respuestas de las llamadas al vicepresidente de Amcham, Dionisio Cuadra, y de los directivos Mario Arana y Diego Vargas, expresidente de esa Cámara.
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No defienden al Gobierno
Los empresarios Roberto Sansón y Bosco Noguera aseguraron que el trabajo de la firma Carmen Group no es defender al gobierno de Ortega ni su política, sino que Amcham busca en el Senado de EE.UU. hacer entender el daño que harían a la estabilidad y desarrollo de la economía nicaragüense la Nica Act u otras medidas más fuertes.
No quisieron detallar las empresas que pagan a la consultora y se limitaron a decir que son las que tienen mayor relación comercial con EE.UU. desde Nicaragua.
Los directivos de Amcham expresaron que el esfuerzo del sector privado para evitar los escenarios adversos al país serán infructuosos si el Gobierno y los demás poderes estatales no hacen cambios concretos sobre las demandas en materia institucional que hace EE.UU. como la sociedad civil nicaragüense.
“Es un juego de doble vía, porque no solo se trata de hacer gestiones en Washington, hay que hacer gestiones aquí también. Es algo que tenemos clarísimo, si no hay cambios efectivos en Nicaragua todo lo que estamos haciendo no va a servir de nada. Lo decimos abiertamente al Gobierno y a quien nos pregunte”, expresó Noguera.
Parte de esos “cambios efectivos” que espera Amcham son en los que la embajadora Laura Dogu ha insistido, como son mayor transparencia, fortalecer la institucionalidad, separación de poderes del Estado y nuevas reglas electorales.
“Que se den cambios de fondo en el Sistema Electoral, en las reglas en general, porque las actuales han generado bastantes dudas y contradicciones en sectores de oposición como en organismos internacionales y tenemos que hacer algo para que no sigan siendo cuestionadas nuestras elecciones”, dijo Noguera.
