El gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, España, convocó para este domingo 1 de octubre un referendo con el propósito de proclamar su independencia.
La convocatoria del referendo ha sido declarada ilegal por los tribunales competentes de España y de la misma Cataluña. El gobierno central de España, presidido por Mariano Rajoy, asegura que usará todos los medios que le permiten las leyes para impedir el referendo. Pero los independentistas se han colocado al margen de la ley y persisten en llevar a cabo la consulta, a como sea.
El diario español ABC ha dicho editorialmente que conforme se acerca el 1 de octubre “la tensión en Cataluña se hace más irrespirable”. Y agrega que “da miedo pensar en qué dictadura podría llegar a convertirse Cataluña”. El temor de ABC es provocado no solo por los planteamientos y el lenguaje político radical de quienes lideran el movimiento separatista catalán, sino también por los procedimientos que utilizan, desde el atropello a las normas de procedimiento en el Parlamento de Cataluña hasta la estigmatización, agresión física e intimidación de estilo fascista y estalinista contra las personas que no están de acuerdo con ellos y lo dicen en público.
España afronta, sin duda, el desafío más grande y peligroso desde su establecimiento a fines del siglo XV, contra su integridad de Estado y de nación de naciones.
El pasado 13 de septiembre dijimos en este espacio editorial, que aunque parezca justa la demanda de los que quieren la independencia de Cataluña, “lo justo tiene que respetar el Estado de derecho, ajustarse a la norma constitucional”. Es decir, que la separación de cualquiera de las comunidades autónomas que integran España, tiene que pasar primero por una reforma de la Constitución que en su Artículo 2 establece expresamente “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
La mayoría de los españoles, incluyendo a los catalanes, ratificó esa Constitución que contiene la proclamación de “la indisoluble unidad de la Nación española”, en el referendo del 6 de diciembre de 1978, con el 87.78 por ciento de los votos. Aunque desde entonces muchos españoles y catalanes hayan cambiado de opinión, ninguna de las comunidades autónomas que forman parte de España puede independizarse legalmente, si antes no se cambia esa norma constitucional y fundacional.
Con la separación de Cataluña toda España saldría perdiendo económica y culturalmente. Incluso la misma Cataluña. Cristina Losada ha recordado al respecto, en una columna de opinión del medio español Libertad Digital, lo que dijera el expresidente democrático checoslovaco y checo, Vaclav Havel, después que Eslovaquia decidió independizarse. “Sin duda fue positivo que tal cosa al final sucediera, porque seguramente debía pasar”, dijo Havel. Sin embargo, “nuestra patria, en un sentido espiritual y cultural, se ha reducido y empobrecido, eso no se puede negar”.
Eso es lo mismo que le sucedería a los españoles, entre ellos los catalanes, si se llegara a consumar el disparate nacionalista de la secesión.
