La policía regional de Cataluña se mostró este miércoles reticente ante la orden de precintar los centros de votación para impedir el referendo de independencia del domingo, prohibido por la justicia española, y alertó del “riesgo” de disturbios. A pesar del despliegue policial y la prohibición del Tribunal Constitucional, los líderes independentistas mantienen como pueden la organización del escrutinio en esta región.
Tras desmantelar gran parte del operativo electoral, detener altos cargos del gobierno y requisar numeroso material de votación, la fiscalía reclamó a la policía regional catalana el precinto de los espacios designados para efectuar el voto. Dicha decisión, ante la previsible movilización de ciudadanos que querrán votar, puede “comportar consecuencias no deseadas”, advirtieron los Mossos d’Esquadra, en su cuenta de Twitter.
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“Estas consecuencias hacen referencia a la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar”, añadieron.
Confirman orden
Sin embargo, la orden fue confirmada el miércoles por la tarde por una jueza de instrucción que investiga al gobierno regional presidido por Carles Puigdemont de desobediencia, prevaricación y malversación por la convocatoria de este referendo desoyendo la suspensión judicial.
Esta jueza ordenó a todas las policías del país, Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, actuar “conjuntamente” para “impedir hasta el 1 de octubre la utilización de locales (…) para la preparación de la celebración del referéndum”.
También instó a la fiscalía a “cesar las diligencias, actuaciones e instrucciones” dadas hasta ahora para frenar la votación, criticada por los líderes independentistas por extralimitarse en sus funciones.
La misión es delicada para la policía regional, con 16,800 agentes, dada su proximidad a la población de esta región. Anticipando sus reticencias, el ministerio español de Interior desplegó un amplio refuerzo policial de alrededor de unos 10,000 agentes en Cataluña de acuerdo al diario El País.
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“Factible puede ser, el problema está en los disturbios que pueda generar”, apuntaba el portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, Ignacio González.
La idea del gobierno catalán es habilitar los mismos colegios que en las últimas elecciones regionales, es decir, unos 2,700. Un número muy elevado de centros al que se añade otra dificultad: su posible ocupación y las movilizaciones para dificultar su cierre por parte de la policía.
Movimientos y sindicatos protestan
Los sindicatos de estudiantes están en pie de guerra, y este miércoles lanzaron una huelga en la secundaria que el jueves se extenderá a todas las edades, universitarios incluidos.
También, una asociación agrícola con un centenar de campesinos prometió de estacionar sus tractores “cerca de los colegios electorales y, en caso de que intenten cerrarlos, impedir o intentar dificultar al máximo su actuación. Simplemente dejándolos allí, sin ir más allá”.
Desde el pequeño sindicato anarquista CGT llamaron a una huelga general en Cataluña el 3 de octubre, pero los dos mayores sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, no se han unido.
Críticas al Gobierno
Esta tensión cala entre los electores, que se muestran preocupados ante lo que pueda pasar. A la espera de lo que ocurra el domingo, el jefe de gobierno español Mariano Rajoy recibió nuevas críticas por su gestión de la crisis catalana.
En un virulento editorial, el diario El País denunció “la ausencia de gobierno” y una actitud que “roza lo irresponsable”, dejando la resolución del problema en manos de la justicia.
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Uno de los más conocidos escritores españoles, el catalán Eduardo Mendoza, escribió una columna donde fustiga los recursos intelectuales “limitados” del gobierno.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó en el Congreso este “momento histórico sin precedentes” provocado por “el empeño de algunos de los independentistas de negar siglos de historia compartida”.
