Las fuerzas de seguridad españolas empezaron este martes a “neutralizar” los colegios electorales en Cataluña para impedir el referéndum independentista, mientras en Washington el presidente estadounidense, Donald Trump, abogaba por la unidad de España en presencia de Mariano Rajoy.
La policía regional catalana recibió este martes la orden de la fiscalía de precintar los espacios designados como puntos de votación, vigilarlos hasta la noche del domingo 1 de octubre y evitar que se vote en 100 metros a la redonda. Además, los agentes de este cuerpo policial debieron identificar a los responsables de estos centros, pedirles información relacionada con el voto y advertirles de no ceder estos espacios.
Las actuaciones de esta policía, que es autónoma pero está sometida a la legislación del Estado español, es esencial. Por ello, y como parte de su empeño por impedir la consulta, el ministerio del Interior la puso este fin de semana bajo tutela parcial.
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Rajoy desde la Casa Blanca
El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, logró el apoyo de Trump en la Casa Blanca, donde fue recibido en visita oficial de trabajo. “España es un gran país, y debe permanecer unido”, dijo Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca junto al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Luego añadió: “Pero pienso que nadie sabe si realmente habrá una votación”.
«Todo el mundo sabe que el referendo no se puede celebrar. (…) Y creo que en una situación como esta lo más sensato y razonable es volver al sentido común», afirmó Rajoy.
La crisis catalana forzó al dirigente español a anular un viaje a Estonia para participar en una cumbre informal de la Unión Europea, y su ejecutivo también decidió postergar la adopción del proyecto de presupuestos de 2018.
Tensión en Cataluña
Al apuntar a los colegios electorales, la fiscalía española profundiza en un plan destinado a parar todos los pasos hacia la organización del referéndum. Desde mitad de septiembre, la justicia amenazó a los alcaldes que cooperen con la votación, así como a otros funcionarios que colaboren en la organización del referendo. La junta electoral creada expresamente para la cita tuvo que dimitir en bloque, después de que el Tribunal Constitucional le impusiera multas diarias de 12,000 euros.
También detuvieron a 14 altos cargos regionales, se incautaron casi 10 millones de papeletas y otro material electoral y cerraron decenas de páginas web que publicitaban el referéndum.
Aun así, el gobierno regional del independentista Carles Puigdemont mantiene su plan. “Cada vez que ellos han intentado impedir una cosa, nosotros hemos encontrado una solución”, dijo el responsable de relaciones exteriores Raul Romeva. “La gente el domingo saldrá a votar masivamente, pacíficamente”, añadió. “No tengo ninguna duda”.
Las autoridades de esta región de 7,5 millones de habitantes denuncian los métodos “represivos” de Madrid y este martes, recibieron el apoyo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. “La pregunta es cómo se observa en la era moderna un intento de reprimir a la gente”, dijo por videoconferencia a cientos de jóvenes enfrente de la Universidad de Barcelona.
Desde Madrid, repiten insistentemente que lo que se busca es salvaguardar la Constitución, que no autoriza este tipo de consultas, al igual que ocurre en Italia o Francia.
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Destacan que los separatistas adoptaron la ley del referéndum sin dejar que la oposición la debatiera en profundidad, y con una votación por mayoría simple, cuando para textos mucho menos importantes la legislación catalana exige una mayoría de dos tercios de la cámara.
Protestas a lo largo de España
En varias ciudades de Andalucía y en otras localidades como Toledo (centro) o Santander (norte), los guardias civiles que partieron como refuerzos a Cataluña fueron vitoreados por cientos de vecinos, a gritos de “viva España”.
En una de las mayores concentraciones, cientos de manifestantes se congregaron el lunes en Huelva para animar a los agentes a gritos de “¡a por ellos!”. Unas imágenes que “son impropias de una sociedad civilizada”, criticó Carles Campuzano, diputado del Partido Demócrata Catalán en el Parlamento español.
“Por mucho ardor guerrero que le pongan (…) están perdiendo el tiempo, y por tanto, el 1 de octubre, como ha dicho el gobierno, se hará”, advirtió el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.
