Algunos sicólogos verdaderos y no de postín, cuyas referencias bibliográficas no me es posible citarlas en este corto espacio, han señalado que cuando los percances viales alcanzan niveles de epidemias descontroladas, como la que sufrimos, es preciso entonces abordar un enfoque integral de análisis, el cual debe hacerse honesta y desapasionadamente para evitar que las medidas correctivas que puedan tomarse, provoquen una falsa sensación de reducir el problema, o bien, un empeoramiento marcado de las consecuencias.
Lo más grave que puede acontecer es la sobre simplificación del problema, que es precisamente lo que da pie a formular medidas sin un cálculo específico y responsable de la interrelación con otros factores vinculados o contribuyentes, mucho más, cuando ni siquiera se tiene claro, o no se quieren considerar apropiadamente, otros componentes estructurales o institucionales.
No se trata de criticar los genuinos esfuerzos que los diferentes actores de la sociedad están realizando infructuosamente para reducir -aunque ojalá en un heroico porcentaje mínimo- esta grave coyuntura que solamente tiende crecer incontrolablemente, a contravía de las figuraciones, suposiciones, argumentaciones y manejo de estadísticas, que solamente dejan en paños menores la inefectividad de las así llamadas soluciones, que algunos formulan tal vez ingenuamente, para atender este formidable reto.
Como macro análisis, los estudiosos señalan que en esta problemática hay siempre tres categorías principales: 1) ambiente; 2) vehículo; y 3) factor humano. Es imprescindible mencionar que, aunque la última de ellas es la que tiene un peso específico más alto en la cadena de causación de estas tragedias, indudablemente, la conjunción de las dos primeras comprueba ser increíblemente perversa en anular las mejoras que las acciones correctivas puedan lograr disminuyendo el comportamiento agresivo y temerario de los conductores.
Esta es una problemática compleja en donde deberá avanzarse uniformemente -y no secuencialmente- en estas tres dimensiones, puesto que, en las dos categorías ya mencionadas, hay también graves factores de infraestructura, ordenamiento jurídico, regulaciones faltantes, baja credibilidad, carencia de capacitación de las mismas autoridades, sobre todo, en entender la naturaleza multicausal del problema, incorporando el papel que como innegable agente contribuyente tienen las mismas autoridades. Hay que entender que la supuesta idoneidad de diversas medidas regulatorias, son con frecuencia, agravantes netos del problema.
Actualmente las estadísticas publicadas en los medios reflejan que se emiten 32 infracciones por hora en el país. Asumiéndola como correcta, haciendo un análisis híper simplificado, supondremos también que solamente ocurren en “horas de oficina”, y que todas son de apenas 350 córdobas. Tendremos 32 multas x 8 horas x 365 días x 350 córdobas, que son 32.70 millones de córdobas sabiendo que debe ser mucho más alto. Habrá que evaluar si la contribución de este ingreso “cuasi tributario” incide más como agravante del problema, que como atenuador de efectos negativos.
El fenómeno se agrava más cuando algunos comportamientos de los reguladores viales pueden ser legítimos precursores de percances, los cuales se realizan sin que nadie pueda refutarlas, pero que les causan también graves daños reputacionales.
Por ejemplo, en los pasos peatonales de las zonas francas de Tipitapa, a como en Ticuantepe, los mismos reguladores se encargan imprudentemente de detener el tránsito para que los peatones crucen peligrosamente la carretera, precisamente debajo del puente peatonal que fue diseñado para no exponerlos. ¿Alguien se ha preguntado cuál sería la responsabilidad que tendría un agente por exponer a estas personas al peligro, precisamente por no violar antojadizamente una normativa de protección que debiera ser obligatoria?
Procurar el conocimiento de todas las variables de un problema -no las posturas superficiales, caprichosas o simplistas- fortalecerán la efectividad y sostenibilidad de las soluciones.
