El comportamiento autoritario del Gobierno de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, es objeto de análisis en Washington, la capital de Estados Unidos.
Carlos Ponce, director para América Latina de Freedom House, una organización defensora de derechos humanos, considera que el avance del proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocido como Nica Act, avanza paralelamente en el Senado, mientras está a un paso su aprobación final en el Congreso de Estados Unidos.
“El Congreso de Estados Unidos le dio un pequeño compás de espera, esto se pudo aprobar (en el Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso) un poquito antes, pero había otras prioridades y también estaban viendo cuál sería la reacción del gobierno de Daniel Ortega, con lo que era la negociación con la Organización de Estados Americanos (OEA), obviamente la negociación de Ortega era engañar a la OEA y ganar tiempo para pasar la crisis del fraude electoral y todo lo que hizo para amañar las elecciones (2016)”, dice Ponce.
El especialista recordó en una entrevista con LA PRENSA que en las elecciones del año pasado se eliminó la competencia electoral y no hubo observación transparente.
Lea además: Retórica de Ortega afecta a Nicaragua
Según Ponce, el proyecto de la Nica Act tiene varios senadores involucrados como Bob Menéndez (demócrata), Marco Rubio (republicano), y Ted Cruz (republicano) y ha avanzado pese al dinero invertido para tratar de suavizar la iniciativa respaldada por congresistas republicanos y demócratas en Estados Unidos.
Hablemos del avance en el Senado, ¿eso quiere decir que no se está esperando que concluya el proceso de aprobación en el Congreso para iniciar en esa Cámara?
En el Senado está en discusiones, siguen las conversaciones, se sigue buscando el proceso de apoyo interno, realmente sigue en un proceso interno de discusiones, no está parado.
¿Qué opinión tiene sobre la reacción de Ortega tras la aprobación de la Nica Act en el Comité de Relaciones Exteriores?
El Ejecutivo de Nicaragua anunció que cobraría una indemnización a Estados Unidos a la que renunció el Estado nicaragüense en 1991 por la guerra de los años ochenta. Como siempre reacciona amenazando. El proyecto de Ley (Nica Act) es una iniciativa del Congreso norteamericano, al cual apoyamos algunas personas y organizaciones en Estados Unidos, pero vemos cómo Ortega denota poco comportamiento democrático al ponerse a amenazar a Estados Unidos con un caso ya cerrado, simplemente no le ayuda a demostrar lo que dice que su gobierno es democrático.
El Nica Act lo que exige está dentro de los parámetros que debe cumplir cualquier gobierno del mundo, un buen comportamiento democrático.
Puede leer también: Ros-Lehtinen: La Nica Act es mensaje para Daniel Ortega
Lo que le estamos diciendo al Gobierno de Nicaragua es: si quieres tener el voto favorable de Estados Unidos para la obtención de créditos en el Banco Mundial u otras instancias financieras, tienes que tener un comportamiento democrático, eso es lo único, si no hay comportamiento la culpa es de Daniel Ortega, no de Estados Unidos.
¿La reacción del Gobierno de Nicaragua podría contribuir al proceso de aprobación del proyecto en el Senado?
A mi juicio sí. Realmente en lugar de mantener un esquema de negociación positiva Ortega se dedicó a amenazar a Estados Unidos. Cuando se introdujo la Nica Act de nuevo (2017) en el Congreso, el gobierno de Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos (OEA) empezaron a convencer al Congreso de que no era necesaria la Nica Act porque ya había un esquema de diálogo y negociación, que incluía el avance hacia unas elecciones más abiertas y transparentes, a una revisión del padrón electoral, elecciones competitivas, nada de eso ha pasado.
Nada a nivel institucional ha avanzado, no se le ha dado mayor apertura a la oposición.
Fue una estrategia de Ortega para ganar tiempo y ahora no tiene nada nuevo que venderle a los congresistas, no pueden decirle a los senadores que el Gobierno de Nicaragua tiene un plan para democratizar el país. También se ve que el gobierno de Ortega sigue avanzando en seguir controlando y seguir cerrando puertas en Nicaragua a las personas que creen en la democracia.
¿Usted no cree en la observación electoral que realizará la OEA en las elecciones municipales?
Esas no son observaciones electorales, eso es acompañamiento electoral y es tardío. Una observación electoral tiene un tratamiento serio, metodológico, que evalúa las condiciones previas, durante y posterior de los comicios; que tiene acceso a toda la información, al padrón electoral, a toda posibilidad de hacer incidencia directa. Esto que va a hacer la OEA es un paseo a Nicaragua para constatar que no hay un proceso válido, pero eso no es una observación electoral.
Además: Presidentes de cámaras empresariales piden al gobierno de Nicaragua bajar tono contra EE.UU.
¿Las recientes sanciones aprobadas contra Rusia podrían afectar a Nicaragua, debido a los lazos entre ambas naciones, incluido el militar?
No solamente eso, el año pasado se aprobó en Estados Unidos una Ley que se llama el Magnitsky Global Human Rights Accountability Act, surge precisamente por las violaciones sistémicas de derechos humanos (y casos de corrupción, incluye a extranjeros), fue creada (en 2012) como mecanismo de presión para oficiales del gobierno ruso y empresarios relacionados con el régimen.
Eso se aprobó (la ampliación de la Ley) el año pasado para que fuera un mecanismo global. Tengo entendido que hay posibilidades que en esta lista de Global Magnitsky Act también surjan algunos funcionarios y empresarios de Nicaragua, hay esa alternativa dentro del menú de opciones que tiene Estados Unidos.
Yo no estaría tan tranquilo siendo un empresario cercano al régimen que protege al régimen o siendo un funcionario de Gobierno, siempre hay posibilidades de que reciban sanciones sin que haya una Ley especial de sanciones, la Ley ya existe y puede ser aplicada para Nicaragua.
El incremento de las tensiones políticas entre Nicaragua y Estados Unidos, ¿cree podría aumentar la represión en Nicaragua contra opositores y la sociedad civil por parte de Ortega?
Como Freedom House llevamos un seguimiento muy cercano a las amenazas que se están dando en Nicaragua, por ahora muchas son amenazas de funcionarios, amenazas a través de las redes sociales, uso de páginas web, vigilancia y amedrentamiento a personas, algún tipo de insinuaciones contra periodistas, hay otro tipo de situaciones como robo de equipos, y creemos que se va a intensificar, lo que hace este tipo de regímenes es incrementar sus ataques por su naturaleza autoritaria y empiezan a reprimir a los medios de comunicación, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
¿Cómo evalúan la defensa que ha asumido Ortega a favor del régimen de Nicolás Maduro? ¿Cree que este apoyo podría desembocar en enmiendas a la Nica Act en el Senado?
No creo que haya enmiendas a la Nica Act como tal, a como está el proyecto es un mecanismo de presión, lo que vemos es que Ortega después de decir que no le importa la Nica Act, ha pasado a tomar una reacción bastante agresiva.
También: Dudan que OEA consiga fondos para observación
Nicaragua se va a aislando dentro del concierto regional, vemos que los pocos países que apoyan ahora a Venezuela son Bolivia, Nicaragua, El Salvador y algunas islas del Caribe, es una minoría. Eso tendrá como consecuencia que la gente empiece a ver con mayor preocupación a Nicaragua por las similitudes con procesos autoritarios.
Perfil profesional
Carlos Ponce es el director de los programas para América Latina en Freedom House. Tiene un doctorado en Derecho y Política en la Universidad de Northeastern; maestría en Políticas y Planificación Urbana y Ambiental, realizado en Tufts University en Massachusetts; maestría en Derecho Ambiental, en Vermont Law School, graduado de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB.
Ponce tiene 25 años de experiencia trabajando en los campos de Gobernabilidad, Desarrollo de la Sociedad Civil, Derechos Humanos y Empoderamiento de la Democracia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Ponce trabajó previamente como coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, una plataforma de más de 430 organizaciones en las Américas.
Se ha desempeñado como consultor de diversas organizaciones.
