El argumento o pretexto principal del régimen de Daniel Ortega para no permitir la observación electoral internacional, ha sido que los votantes nicaragüenses son los verdaderos observadores y deben ser los garantes de sus votos.
Este argumento, falaz por donde se le mire, lamentablemente es repetido por personalidades relevantes que no forman parte del régimen, pero por ingenuidad o cualquiera otra razón lo hacen propio.
La observación electoral internacional adquirió gran prestigio en Nicaragua, desde que se practicó por primera vez en las elecciones del 25 de febrero de 1990. Gracias a la nutrida presencia de observadores electorales internacionales el voto popular fue respetado por el régimen sandinista y se hizo posible el cambio democrático de sistema político y económico.
Por eso es que Daniel Ortega ha denigrado sistemáticamente la observación electoral internacional desde que volvió al poder en 2007, le achicó los espacios en las elecciones de 2011 y ya no la permitió en las de 2016.
Ortega ha invocado supuestas razones nacionalistas y antimperialistas para justificar la prohibición de la observación electoral internacional. Sin embargo, también ha impedido la observación nacional, de organismos independientes de la sociedad civil como Ética y Transparencia e Ipade, lo cual demuestra que en realidad lo que pretende es impedir que se constate el fraude electoral como se constató en las municipales de 2008 y las nacionales de 2011.
El 4 de junio del año pasado, en el congreso del FSLN que lo proclamó para su cuarto período presidencial, Daniel Ortega insultó a los observadores electorales internacionales llamándolos “sinvergüenzas” y aseguró con prepotencia que “aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países… en Nicaragua —dijo— se enfrentan a un pueblo que tiene vocación antimperialista”.
No obstante, en febrero de este año Ortega se tuvo que tragar sus palabras y firmó con la Secretaría General de la OEA un acuerdo para que este organismo hemisférico observe las elecciones municipales del próximo mes de noviembre. Ortega se retractó de lo dicho el año pasado creyendo que podría impedir la aprobación de la ley Nica Act, la cual se tramita en el Congreso de los EE.UU. para sancionarlo por sus atropellos a la democracia.
De todas maneras, hasta ahora no hay certeza de que se podrá realizar la observación electoral de las municipales de noviembre. La OEA carece de recursos económicos para financiar la observación y en el caso de que llegara a realizarla, sería muy limitada y seguramente pocoeficaz, por la precariedad de tiempo, medios logísticos y espacios de operación.
Pero en todo caso no es cierto que son los votantes los únicos que deben observar las elecciones y cuidar sus votos. La observación electoral internacional, complementada con la observación nacional de organismos cívicos especializados e independientes, es indispensable e insustituible para asegurar la integridad de las elecciones en países no democráticos, como Nicaragua.
Por eso es entendible que Daniel Ortega se afane en desacreditar la observación electoral internacional y que la impida o restrinja. Lo que no se puede entender es que personalidades nicaragüenses con gran autoridad moral en la sociedad, la desacrediten o nieguen su importancia.
