El viernes 5 de mayo el Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó oficialmente a las elecciones municipales que tendrán lugar el domingo 5 de noviembre próximo. La convocatoria fue anticipada un día antes por el operador político de Daniel Ortega en la Asamblea Nacional, diputado Edwin Castro, con la clara intención de demostrar quién manda realmente en Nicaragua.
El país ha entrado, pues, a la etapa de precampaña electoral con la expectativa de qué podrá hacer la OEA para que las elecciones municipales sean aceptables. Con la firma de su memorándum de entendimiento con Daniel Ortega, el 28 de febrero de este año, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asumió la responsabilidad de garantizar a los nicaragüenses que estos comicios municipales serán justos y transparentes. Y tiene que responder a semejante responsabilidad.
Almagro también se comprometió —de hecho— a lograr que los ciudadanos que se abstuvieron masivamente en la farsa electoral de noviembre del año pasado, recuperen la confianza en el sistema electoral y crean que en las próximas municipales tendrán por qué y por quien votar y que sus votos serán respetados y servirán para elegir.
La responsabilidad asumida por el secretario general de la OEA es enorme. Almagro está empeñando su prestigio político y diplomático en el esfuerzo por legitimar estas elecciones municipales, esperando tal vez que resulte algo bueno o cuando menos aceptable. Pero se trata de una tarea quizás improbable, porque el sistema electoral de Nicaragua está pervertido. El CSE no es un órgano idóneo para garantizar elecciones transparentes. Por el contrario, es un aparato sin prestigio que funciona con el fin exclusivo de hacer fraudes electorales para que Daniel Ortega se afiance y perdure en el poder.
Por otra parte, la labor de Almagro y su equipo de expertos en Nicaragua ha sido secreta, como si se tratara de una operación conspirativa o del interés privado de los negociadores. Podría ser que el secretismo en el esfuerzo por recuperar algo de tanto interés público como es la transparencia electoral, sea conveniente diplomáticamente para que la OEA pueda sacar resultados positivos de su compleja misión en Nicaragua. Pero aunque así fuese, no deja de ser sospechoso.
Además, el comportamiento de Daniel Ortega desde que firmó el memorándum de entendimiento con Almagro no es de alguien que está dispuesto a consensuar una apertura democrática.
La represión al movimiento campesino que se opone al canal, para impedir que realizara una marcha nacional en Juigalpa, fue una clara muestra de que Ortega no tiene flexibilidad ni voluntad aperturista. Y en el ámbito propiamente electoral, solo que se hicieran las reformas básicas planteadas por el partido de la oposición que puede participar en las elecciones, Ciudadanos por la Libertad, se podría confiar en las elecciones de noviembre. Pero en la convocatoria y el reglamento electoral para las votaciones de noviembre ni siquiera se menciona la observación o acompañamiento electoral de la OEA.
