Hoy se conmemora el noventa aniversario del Pacto de Tipitapa, o del Espino Negro, firmado por el general liberal José María Moncada con el enviado del gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), Henry Stimson. Con ese pacto se pretendía poner fin a la guerra civil, aceptando Moncada la ocupación militar estadounidense y al gobierno de facto, hasta que se realizaran elecciones en el año siguiente.
Augusto Calderón Sandino, jefe de uno de los ejércitos liberales, no aceptó el Pacto del Espino Negro y continuó la lucha armada contra la ocupación militar de EE. UU., al frente de su “pequeño ejército loco”, como lo llamara la escritora y Premio Nobel chilena, Gabriela Mistral.
Sandino contó al escritor nicaragüense José Román, autor del libro Maldito país, que su decisión de luchar por el decoro nacional y contra la ocupación extranjera, le había sido motivada un año antes, cuando encontrándose en México un borracho mexicano le dijo que “los nicaragüenses son todos una bola de vendepatrias”.
Con ese desprecio se miraba y trataba a los nicaragüenses, pero no porque Nicaragua estaba ocupada militarmente por Estados Unidos, pues las ocupaciones militares extranjeras de los países pequeños, por parte de los grandes, siempre se hacen por medio de la fuerza. El vergonzoso cognomento de vendepatrias que se daba a los nicaragüenses, se debía que los gobernantes de Nicaragua habían vendido a Estados Unidos el territorio y la soberanía nacional, a cambio de algunos beneficios económicos, por medio del tratado canalero Chamorro-Bryan firmado en agosto de 1914.
Ahora es justo reconocer y necesario recordar, que el Tratado Chamorro Bryan fue abrogado el 14 de julio de 1970 por el dictador liberal Anastasio Somoza Debayle, de común acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos que presidía el político republicano Richard M. Nixon.
Pero en la historia política de Nicaragua los vendepatrias han sido y siguen siendo como una maldición. Un siglo después del tratado Chamorro Bryan y 47 años después de su abrogación, el FSLN y Daniel Ortega (el partido y el caudillo que se apropiaron del nombre de Sandino y se dicen sus herederos), aprobaron la Ley 840, mediante la cual, con cláusulas más entreguistas que las del Tratado Chamorro-Bryan, han entregado a la empresa HKND del chino Wang Jing el territorio y la soberanía nacional, con el mismo pretexto de construir el supuesto canal interoceánico en Nicaragua.
Con toda razón, el general retirado y antiguo comandante guerrillero sandinista, Hugo Torres, dijo a LA PRENSA en un reportaje de Eduardo Cruz publicado el 30 de abril recién pasado bajo el título Si Sandino fuese orteguista, que “este gobierno (de Daniel Ortega) es precisamente la negación de Sandino, una negación de sus principios, de su herencia política”.
En realidad ni en la más fantástica de las especulaciones Sandino podría ser orteguista. Si pudiera pronunciarse más bien diría que el partido y el caudillo que usan y ensucian su nombre con ignominiosas acciones antipatriotas como la Ley 840, son la nueva bola de vendepatrias de Nicaragua.
