El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue el primero en protestar por la nueva presentación de la iniciativa de ley Nica Act en el Congreso de Estados Unidos. Solo después conocimos el rechazo del régimen de Daniel Ortega, con su retórico lenguaje antiyanqui.
La segunda versión del proyecto de Nica Act es más dura que la primera, la cual fue aprobada el año pasado por la Cámara de Representantes pero no hubo tiempo para ratificarla en el Senado. Es más dura en el sentido de que apunta directamente contra los altos funcionarios corruptos que haya en los poderes del Estado orteguista.
El endurecimiento de la Nica Act tiene su explicación. Hay que recordar que la iniciativa original fue presentada antes de la farsa electoral del 6 de noviembre pasado. De manera que los congresistas deben haber interpretado que la consumación de aquellas elecciones espurias, a pesar de la advertencia de la Nica Act, era una muestra de que a Daniel Ortega le importa muy poco o nada lo que ellos piensen sobre sus atropellos a la democracia. Y han reaccionado al reto orteguista con una propuesta más dura.
Pero el secretario general de la OEA también tiene culpa de que se haya presentado otra vez la propuesta de la Nica Act. Almagro tenía que haber presionado a Daniel Ortega para comprometerlo en un plan serio y creíble para el retorno de Nicaragua a la democracia, de acuerdo con los parámetros que señala la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo Almagro prácticamente se sometió a Ortega, aceptó lo que este quiso que aceptara y se satisfizo con un acuerdo diminuto, que si bien abre una ventanita de oportunidad para participar en las elecciones municipales de noviembre, lo principal es que legitima al régimen orteguista y apunta a garantizar su permanencia indefinida en el poder.
A pesar de todo eso, la Nica Act apenas está en el inicio del procedimiento para su aprobación. Hay tiempo suficiente para evitar que sea aprobada, y en el caso de que le dieran trámite de urgencia —como le gusta a Ortega que se aprueben las leyes y otras decisiones gubernamentales que él manda a la Asamblea Nacional—, aún habría posibilidad de que la Nica Act no fuese implementada.
Para impedirlo Ortega tiene que modificar el Memorándum de Entendimiento con la OEA e incluir en este un cronograma de reformas constitucionales e institucionales, para permitir que Nicaragua regrese a la senda de la democracia, comenzando por la celebración de elecciones libres, limpias y vigiladas por observadores independientes, nacionales y extranjeros.
Si Daniel Ortega entrara en razón, evitaría las consecuencias negativas que la Nica Act podría traer para Nicaragua y sobre todo para él mismo y quienes lo acompañan en el control del poder. Solo tiene que convenir con la OEA, pero sobre todo con los nicaragüenses, un plan nacional para la restauración de la democracia.
Todos los que están contra la Nica Act y tienen acceso a Ortega, deberían pedirle que evite la aprobación de la Nica Act devolviendo la democracia plena a los nicaragüenses.
