Atendiendo a la Constitución nicaragüense la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con garantizar una información veraz y sin presiones.
En una de sus resoluciones emitidas este lunes, cuando la SIP concluyó su reunión de medio año, este organismo recordó que el artículo 66 establece el “derecho de los nicaragüenses a la información veraz, lo cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas”.
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Además, dos artículos después, en el 68, se dice que el Estado vigilará “que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”.
En el escrito se recuerda que Ortega no ha dado conferencias de prensa en sus 10 años al frente del país, que la Ley de Acceso a la Información es “letra muerta” y no se cumple, y que la gran mayoría de los medios está “en manos de un duopolio” del cual es parte la misma familia presidencial y un agente “extranjero”.
Premio o castigo
Publicidad estatal
“La publicidad del Estado es usada para premiar o castigar a los medios según sus tendencias y se está usando en una gran proporción para favorecer a los medios de la familia presidencial”, agrega, y añade que todas las instituciones están sujetas al poder ejecutivo.
Debido a toda esta situación, la SIP anuncia que instará al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “que se pronuncie”.
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En su informe por país, la SIP, que inició la reunión el viernes, dice que la prohibición contra los medios independientes abarca “todo tipo de información o actividad gubernamental”, desde una conferencia de prensa a una audiencia pública judicial.
Cenidh denuncia cierre de Onda Local
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció en Managua el más reciente caso contra la libertad de expresión: el cierre del espacio radial Onda Local, en Radio La Primerísima el pasado lunes, por disposición de la Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense (Apranic), propietaria de la emisora.
La denuncia fue realizada este martes por el Cenidh ante el relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
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El Cenidh le pide a Lanza que “tome nota de la información aquí presentada, a fin de realizar un monitoreo sobre la libertad de expresión en Nicaragua”, igualmente “realice acciones de verificación y seguimiento de las condiciones del ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en Nicaragua”.
Le solicita, además, que incluya el cierre del programa radial en su próximo informe anual.
Gobierno influye
El Cenidh le señala que aunque aparentemente esta es una decisión de Apranic, “no dudamos que la misma ha sido influenciada por el Gobierno de Nicaragua, lo que constituye una violación más al derecho de libertad de expresión y derecho de informar”.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, refirió a LA PRENSA que esta “es una cuestión de violación sistemática y de agresión a la libertad de expresión”.
El objetivo es acallar
Es una agresión a los periodistas, a quienes les privan de su derecho de informar y el derecho al trabajo a todo el equipo que integra Onda Local. “Buscan callar una voz tan calificada”, dijo Núñez.
La defensora de derechos humanos señaló que el cierre de este programa indica que están tomando todas las medidas excluyentes para acaparar cualquier posibilidad de reacción que no les sea favorable en las votaciones municipales, las cuales están programadas a realizarse en noviembre próximo.
Menos espacios
El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, recordó que los espacios a periodistas independientes se han venido cerrando durante el transcurso de la gestión del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, que inició en 2007. Esa realidad la ha evidenciado ese organismo en sus informes.
A su vez señaló que hay muchas instituciones que son de carácter privado pero condicionados por las instituciones del Estado, que se convierten en instrumentos represivos para censurar y violentar los derechos de un sector.
El PEN, capítulo de Nicaragua, lamentó el cierre de Onda Local y la ubicó dentro de las acciones que se dan en una lamentable espiral de represión.