La Corte Constitucional de Colombia aprobó este martes un mecanismo de vía rápida, conocido como «fast track», para que el Congreso valide las leyes que permitirán aplicar el acuerdo de paz con la guerrilla FARC, que le valió el Nobel al presidente Juan Manuel Santos.
La votación de los magistrados del alto tribunal quedó 8 a favor y 1 en contra de la aprobación del procedimiento legislativo especial, que sigue a la ratificación del acuerdo de paz por el mismo parlamento el pasado 30 de noviembre, informó la Corte Constitucional.
La presidente del tribunal, María Victoria Calle, explicó en rueda de prensa que la Corte se pronunció sobre la demanda de un ciudadano contra una parte del acto legislativo que facilita el desarrollo normativo para la implementación del acuerdo de paz.
«No sustituye la Constitución»
La magistrada aseguró que el artículo demandado, que hace referencia al mecanismo de la vía rápida, «no sustituye la Constitución actual» dado que tiene como objetivo lograr la paz «lo que representa un fin imperioso dentro de nuestra constitución».
Calle indicó que las normas que se establezcan a través de este mecanismo deben ser aprobadas por mayorías absolutas para su refrendación en cada debate en el Congreso y tener el control que hace la Corte sobre cada norma que haya sido aprobada.
«Indudablemente la decisión de la Corte Constitucional es una gran noticia para el país, porque le va a permitir a los colombianos poder disfrutar la paz más rápidamente y al Congreso poder implementarla en tan solo seis meses», dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, tras conocer la noticia.
Ley de amnistía
«Vamos a comenzar con la ley de amnistía (de los guerrilleros), que estoy seguro será presentada o esta tarde o mañana (miércoles) en la mañana y otros proyectos de ley, que el gobierno ya tiene listos», explicó.
Los otros proyectos legislativos serán la jurisdicción especial para la paz, como se conoce al sistema de justicia transicional acordado con las FARC, la participación política de los rebeldes, y normas para «lucha contra los paramilitares», cuyo accionar preocupa especialmente a los guerrilleros, según Lizcano.
El fiscal general, Néstor Martínez, indicó que espera conocer el contenido que apruebe el Congreso de la ley de amnistía «para definir las competencias» de su despacho.
Martínez recordó que la Fiscalía no hace parte del modelo de justicia transicional, pero presentará 25 informes sobre los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra «todos los agentes que estuvieron comprometidos en el conflicto».
Desde Europa, donde se encuentra de gira tras recibir el sábado en Oslo el premio Nobel de la Paz, el presidente Santos había dicho la víspera que respetaría «lo que la Corte decida» sobre el ‘fast track’, un mecanismo que su gobierno había tildado de clave para la efectiva implementación del pacto con las FARC.
«Sin consultar al pueblo»
El «fast track» prevé reducir a la mitad las discusiones parlamentarias necesarias para validar las leyes y actos legislativos relacionados con el acuerdo de paz alcanzado en noviembre.
Además, estipula que los congresistas deberán aprobar o rechazar los textos de los proyectos de ley sin hacerles cambios, salvo con la venia del gobierno.
El partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, había pedido al alto tribunal no aprobar el mecanismo porque a su juicio da «un duro golpe a la democracia» al permitir que se «introduzcan cambios sustanciales en la Constitución sin consultar al pueblo colombiano».
Uribe, férreo opositor al acuerdo con las FARC, fue también el líder de la campaña por el No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, cuando los ciudadanos rechazaron el acuerdo original pactado entre las FARC y el gobierno de centro-derecha tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
Esa votación, inesperada para el gobierno, llevó a las partes a renegociar puntos del acuerdo para incluir propuestas de la oposición y finalmente a promover su refrendación a través del Congreso, donde Santos cuenta con mayorías.
Colombia vive un conflicto armado en el que también han participado otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes estatales, con saldo de unos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados a lo largo de más de medio siglo.
