Luego de tres procesos electorales fraudulentos y debidamente documentados, los nicaragüenses tenemos más que razón, la obligación de estar alerta al diálogo propuesto por Ortega al secretario general Almagro para discutir sobre su informe electoral en Nicaragua. Personalmente tengo varias dudas. Primero, si Ortega se niega a dialogar sobre las elecciones del próximo 6 de noviembre y se supone que la OEA ya tiene un criterio definitivo de la naturaleza antidemocrática y fraudulenta del actual proceso, por lógica se deduce que dicho diálogo solo tendrá efecto a futuro y las acciones fraudulentas del presente quedarán intactas, entonces ¿por qué no iniciarlo hasta en enero, y publicar ya el informe con la posibilidad latente que algunos gobiernos democráticos atiendan el llamado de la oposición a no reconocer el resultado fraudulento de estas elecciones? No es lo mismo iniciar un diálogo con un gobierno ilegal e ilegítimo señalado de ser susceptible de aplicársele la Carta Democrática a tener que emitir en enero 2017 un informe independiente cuando ya los países del mundo hayan reconocido y felicitado a Ortega por partida doble, porque “ganó” y porque estuvo “dialogando” con la OEA. Podríamos intercambiar pistolas en la sien.
Por otra parte, el primero de diciembre Almagro vendrá a Managua y encontrará un proceso consumado, y tendrá que preguntarse: “¿Qué sucedió el 6 de noviembre, un atraco o una verdadera consulta popular? ¿Por qué estoy dialogando con un gobernante que ya “fue ratificado y legitimado” por casi tres millones de nicaragüenses equivalentes al 75 por ciento de los resultados electorales?” Aquí radica el problema. No es lo mismo que Ortega gane con 52 por ciento a que se robe otro 25 por ciento pues en los próximos cinco años con su Asamblea ilegal aprobará cientos de millones de dólares de nuestros impuestos para beneficiarse con la Ley APP, nos cargará presupuestariamente los millones del petróleo venezolano que ya se metió a su bolsa y finalmente cubrirá con ropaje legal un sistema de estado policiaco y de partido único. Si por menos necesitó silenciar las voces de los exdiputados Langrand y Sáenz en la Comisión Económica, ¿cuánto más le molestarían bajo este panorama?
Recordemos que el informe OEA-2011 recomendaba entre otras cosas: reformar el criterio para la composición de las JRV; este año la composición es 100 por ciento del FSLN, confesado por Pedro Reyes. Diseñar un marco legal que permita la depuración del padrón electoral y efectuar su publicación; este año tenemos cuatro padrones electorales (¿?) y es prohibido publicarlos. Rediseñar la estructura administrativa del Consejo Supremo Electoral a nivel central y territorial. Realizar una reingeniería del Centro de Cómputos Nacional. Capacitar a los funcionarios electorales sobre las facultades de los observadores. Este año se suspendieron los observadores por sinvergüenzas. Y así sucesivamente, con el agravante que el partido que obtuvo el 30 por ciento con todo y fraude en el 2011, esta vez fue excluido de la contienda.
Entonces ¿qué es lo que está dialogando la OEA desde el 15 de octubre con Ortega que pueda en enero dejar verdadero beneficio a Nicaragua? Lo primero que debería preguntarle Almagro a Ortega es lo siguiente: ¿Cuáles resultados electorales y bajo qué condiciones serían válidos para usted, para que acepte dejar pacíficamente el poder? ¿Está de acuerdo con que su colega Maduro se aferre al poder con el 75 por ciento de la población en su contra? Lo que Ortega responda deberíamos escucharlo todos los nicaragüenses para no seguir en este juego de “fraudes democráticos” y saber a qué atenernos.
Finalmente, antes de pedir una oposición vigorosa, Almagro debería recordar las agresiones contra manifestantes pacíficos (Ocupa-Inss, Anti Canal, Coordinador MDN apuñalado, miércoles de protesta, etc.) de parte de civiles oficialistas ante la mirada impávida de la Policía Nacional y exigirle a Ortega el cumplimiento inmediato del artículo 13 “Libertad de Pensamiento y de Expresión”, artículo 15 “Derecho de Reunión”, artículo 16 “Libertad de Asociación”, Artículo 23 “Derechos Políticos”, de todos en conjunto con el artículo 1.1 “Obligación de Respetar los Derechos”, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que han sustentado la condena a muchos gobiernos en distintos casos interpuestos ante la CIDH. Si no queremos escalar la crisis a niveles venezolanos, debemos actuar ahora.
El autor es administrador de empresas.
