El contexto electoral de Nicaragua está marcado por una serie de acontecimientos políticos que empañan las votaciones 2016, del próximo 6 de noviembre, en los cuales no está en juego el poder, según el sociólogo Manuel Ortega Hegg.
A diferencia de una elección típica, Ortega Hegg asegura que la suerte del gobernante está decida previamente por él mismo.
El experto enumera ocho hitos. El 4 de junio, seis meses antes de las elecciones, se da la primera acción del presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra, que provocó reacciones nacionales e internacionales, cuando dejó claro que no se permitiría la observación electoral de organismos internacionales, que tradicionalmente habían participado en las elecciones de Nicaragua.
“Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”, dijo Ortega en su discurso ante el Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que ese día lo designó candidato presidencial por séptima ocasión en 32 años.
El segundo hito señalado por Ortega Hegg es el despojo de la personería jurídica del PLI a Eduardo Montealegre, lo que deja sin casilla a la Coalición Nacional por la Democracia, que era el grupo de organizaciones y partidos que representaban la principal fuerza política opositora en estas elecciones.
El PLI, encabezado por Montealegre, logró posicionarse como la segunda fuerza en las últimas elecciones presidenciales de 2011, cuando obtuvo 799 mil votos.
Al mes siguiente se da otra acción que es interpretada por los políticos opositores como el bloqueo total a la participación de la oposición en las elecciones, porque el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica del Partido Acción Ciudadana (PAC), que era otro de los partidos que integraba la Coalición Nacional por la Democracia y que significaba una casilla alternativa al PLI en las elecciones del 2016. Ortega Hegg considera este el tercer hito en su análisis sobre el proceso electoral.
Pedro Reyes, a quien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y militantes del FSLN entregaron la representación legal del PLI, reconoce públicamente que no le interesa que los cargos que corresponden al PLI en los Consejos Electorales Departamentales, Municipales y Regionales (CED, CEM y CER) estén controlados por el FSLN en 8 departamentos y 153 municipios del país, lo que implica el control total del partido gobernante en la estructura electoral.
El 29 de julio la Asamblea Nacional destituye de sus cargos a 28 diputados del PLI, electos en los comicios nacionales de 2011, por orden del CSE —dirigido por militantes y afines al FSLN— y a petición de Pedro Reyes.
Esta noticia también provocó la atención y crítica nacional e internacional, mientras quedó claro para la oposición política nicaragüense la utilización de Reyes.
Para el exdiputado Carlos Langrand, Reyes fue el “verdugo” de la oposición, como una pieza para “consolidar la dictadura en las elecciones de noviembre”.
El 17 de agosto, Reyes amenazó a los alcaldes y concejales del PLI de perder su condición si no se sometían a él, lo que el sociólogo Ortega Hegg señala como el sexto punto destacable.
El 2 de agosto el gobernante escogió a su esposa, Rosario Murillo, como su candidata a vicepresidenta de la República, en un acto sin precedente en la historia política de Nicaragua. Analistas políticos y críticos del gobierno de Ortega consideran esta decisión la instalación oficial de una dinastía.
Ortega Hegg recoge como último episodio de su caracterización la condena a 22 años de cárcel del hermano de Eduardo Montealegre.
Ortega Hegg expuso este análisis en el taller de Periodismo y Seguridad Digital en el proceso electoral 2016, una iniciativa que reunió a 21 periodistas provenientes de Managua, los departamentos y las Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua para entender lo que estaba pasando en el país y recibir herramientas periodísticas para cubrir estas votaciones.
El comunicólogo Guillermo Rothschuh Villanueva contextualizó el papel de los medios de comunicación. Según él, la cobertura es polarizada. “Por el lado del Gobierno se ha buscado naturalizar las medidas tomadas como parte de la normalidad de la cultura política y en la otra se denuncia la falta de garantías y condiciones para las elecciones”.
Lamentó además la falta de debate y aseguró que las características del proceso son “contradictorias con los principios y valores democráticos”.
En el taller participó también el catedrático Adrián Uriarte y Phi Réquiem, experto en Informática. Fue organizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
