Después de más de un mes de esperar que la Fiscalía acuse en los tribunales a los oficiales involucrados en la muerte de Juan Antonio Aguilera Rojas, más bien dos de sus parientes han sido sacados de sus casas en distintos momentos y retenidos durante tres días en celdas de la Policía de Ciudad Sandino.
Melania Rojas madre del fallecido denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cnidh) que son víctimas de hostigamiento e intimidación, aparentemente en represalia porque denunciaron el hecho ante Asuntos Internos de la Policía.
“Ellos están intimidando a la familia”, denunció Rojas, quien clamó por justicia.
Sin embargo, hasta ahora las autoridades no le dan a conocer los resultados de las investigaciones. Tampoco la Fiscalía ha respondido a sus escritos introducidos para que les entreguen una copia del expediente, pues suponen que ya la Policía remitió el caso a esa institución.
Tampoco conoce los resultados de la autopsia, pues no está de acuerdo con lo establecido en el acta de defunción el Instituto de Medicina Legal (IML) que indica que Aguilera murió por muerte súbita.
El hecho ocurrió el 28 de agosto, luego que policías de Ciudad Sandino detuvieron a Aguilera, sin orden de captura y sin causa aparente. Aguilera Rojas fue entregado muerto a sus familiares el mismo día de su detención.
Al Cenidh le llama atención que la familia no reciba respuesta de las autoridades, y, ni siquiera han sido entrevistadas en su calidad de víctimas y más bien están siendo hostigados por la Policía, expresó la abogada de ese organismo, Wendy Flores. “Ha pasado un mes es una investigación que debía haber sido rápido, es una investigación que apuntaba a determinar las responsabilidades administrativas y en todo caso penales de quienes participaron en la detención”, señaló la abogada del Cenidh, quien manifestó que la Policía debió determinar las causas de la muerte de esta persona.
Supuestas torturas
Melania Rojas junto a Nohelia Lisbeth Sánchez, viuda del fallecido, han conocido de forma extraoficial que Aguilera habría sido sometido a supuestas torturas “en un silla eléctrica”.
Las denunciantes señalan que en las inadecuadas prácticas policiales habrían estado involucrados seis policías, a quienes la Policía investigó y retuvo supuestamente durante seis días, en El Chipote y luego los dejó en libertad.
Aparentamente la institución únicamente dio de baja deshonrosa a uno de ellos, quien habría alegado de forma extraoficial que nada tuvo que ver en el hecho. Sin embargo, hasta hora la autoridad no ha ofrecido una versión oficial.
