El Juzgado Penal de Cartago, dejó en libertad anoche a un costarricense de 43 años, que había sido capturado el viernes 16 de septiembre como sospechoso – según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) – de haber ideado el crimen de una familia nicaragüense de 4 miembros en una finca cafetalera.
Alberto Porras, abogado codefensor del señor arrestado de apellidos Navarro Granados, capturado en su casa ubicada en Santa María de Dota, 84 kilómetros al sur de San José, capital de Costa Rica, confirmó que su representado quedó en libertad sin condiciones el sábado a las 8 de la noche, al no encontrar el juzgado elementos que lo señalen como autor intelectual del cuádruple homicidio.
“Ni siquiera entramos (en la audiencia) a analizar si mi cliente tenía peligro de fuga o analizar la prisión preventiva pedida por el Ministerio Público, porque no hay ningún elemento que lo involucre en los hechos”, explicó Porras.
El OIJ capturó a Granados a las 5:30 de la tarde del viernes, bajo el argumento de que, por un conflicto de tierras, Navarro Granados habría planeado la muerte de Ramón Suárez Espinoza, de 50 años; su pareja, María Haydée Miranda Salmerón, de 32; y sus hijos, Abraham y Elena María, de 11 y 9 años; todos originarios de Nicaragua.
LA MATANZA
Esta matanza fue descubierta las tarde del 29 de mayo, cuando un vecino que vendía ropa visitó la humilde vivienda ubicada en una montaña de Camino del Congo de Copey, de Santa María de Dota, y encontró sin vida a la niña de 9 años.
La niña estaba con una herida en el estomago, boca abajo y amordazada sobre su cama. Al día siguiente la policía y el OIJ montaron un operativo en el lugar. Hallaron muerto al hermanito de ésta, Abraham; y a sus Suárez Espinoza y Miranda Salmerón. Todos fueron asesinados con arma blanca.
Por este caso, ya permanece detenido en La Reforma, en un ámbito de mayor seguridad, José Sevilla Bonilla, al parecer la identidad real del nicaragüense de unos 40 años capturados días después de haber ejecutado la matanza, dado que durante años se identifico como Jairo Díaz Aragón, Róger García Borge y hasta William Hernández Díaz, para burlar a las autoridades.
El abogado Porras cuestionó la actitud del Ministerio Público de este caso, explicando que cuenta con lo que para él es simplemente una hipótesis, de que Navarro Granado habría pagado 15 mil dólares para asesinar a la familia nicaragüense que vivía en una finca cafetalera de su padre adoptivo, cuyo rancho no quería desalojar.
El defensor explicó que en primer lugar, Navarro Granados no es finquero, como lo informó inicialmente el OIJ, sino que se dedica a administrar un abastecedor de alimentos donde además funcionan unas máquinas tragamonedas, en su casa de Dota.
Por lo tanto, según Porras, su cliente no tiene nada que ver con la finca ni con las propiedades de su padrastro.
Otra crítica que señaló, fue que el Ministerio Público solo cuenta con un informe policial, en el cual indican que en algún momento antes de la matanza, Navarro Granados fue a la propiedad acompañado de la Fuerza Pública indicando a la familia nicaragüense, cuyo jefe era peón de la finca, a que abandonara el rancho asentado sobre 3 metros cuadrados.
Según Porras, ese fue el único contacto que tuvo con su cliente con la familia víctima, el cual no pasó a más; además explicó que con los supuestos 15 mil dólares pagados a autor material para recuperar una propiedad abandonada, mejor habría comprado otra finca con peones incluida porque en la zona la tierra es barata.
Por lo tanto, considera absurdos los argumentos del Ministerio Público.
El arresto, según el abogado, ha afectado no solo a su cliente, sino a la familia que ha sido objeto de burlas y acusaciones por teléfono de habitantes de la comunidad donde vive.
