La Corporación Latinobarómetro, un prestigioso organismo no gubernamental de investigación de opinión pública que tiene su sede en Chile, informó la semana pasada que de acuerdo con su más reciente estudio la confianza de la población latinoamericana en la democracia, ha descendido.
En Nicaragua, la disminución en los últimos años de la importancia de la democracia para la población ha sido dramática. Desde que Daniel Ortega volvió al poder, dice puntualmente Latinobarómetro, el apoyo ciudadano a la democracia cayó en 20 puntos porcentuales, de 61 por ciento en 2007 a 41 por ciento en 2016.
En esa misma línea de enfoque, el Programa Estado de la Región (un proyecto de investigación sobre desarrollo humano sostenible, del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica) informó esta semana que el desarrollo democrático en Centroamérica ha perdido impulso y que en algunos casos ha retrocedido. “Veinticinco años después de la última transición, la democracia no ha logrado consolidarse y persisten las debilidades crónicas de los Estados para brindar servicios básicos a la población”, dice el informe Estado de la Región 2016, que fue presentado el martes 6 de septiembre por Funides.
Pero si, en general, después de más de 25 años de transición democrática la democracia no se ha podido consolidar en la región, el caso de Nicaragua es peor porque aquí ha habido un gran retroceso. Solo como ejemplo, Nicaragua es el único país de Centroamérica que no tiene un tribunal electoral independiente y por lo tanto las elecciones han dejado de ser competitivas y transparentes. Es tanto el retroceso en este ámbito cardinal del sistema democrático, que lo que habrá aquí en noviembre próximo será una farsa electoral, no elecciones decentes y creíbles en las que los ciudadanos no solo puedan votar sino también escoger.
El retroceso de la democracia en Nicaragua es consecuencia principalmente del pacto de los caudillos del sandinismo y el liberalismo para la repartición del poder y la protección de la corrupción. Un pacto del que la mayor ventaja la sacó Daniel Ortega, quien desde 2007 ha venido desmantelando las instituciones democráticas y consolidando un régimen familiar autocrático, que a partir del próximo año será una dictadura dinástica como la somocista contra la cual luchó Ortega y ayudó a derrocarla en 1979.
Pero la reaparición en el escenario político de Nicaragua de los “viejos fantasmas que amenazan la libertad, la paz y los derechos humanos” —como se dice en el informe mencionado—, es también culpa de los políticos democráticos que no han hecho lo necesario para defender la democracia y en algunos casos —como ahora con la ruptura de la Coalición Nacional por la Democracia— han contribuido a su retroceso. E igualmente es responsabilidad de los ciudadanos que han renunciado a los valores de la democracia a cambio de las dádivas del régimen populista.
Está escrito en la historia que cuando los ciudadanos ven con indiferencia los ataques a las instituciones republicanas, el triunfo y la consolidación de los regímenes dictatoriales son inevitables. Y después les resulta muy difícil, aunque no imposible, quitárselos de encima.
