La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 14, que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”. Pero acto seguido la Declaración advierte que “este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.
Es oportuna esta cita sobre el derecho humano universal de asilo político, ante el caso del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, a quien el régimen de Daniel Ortega se lo ha concedido pasando por encima de lo que prescribe el derecho y la justicia internacional.
La verdad es que la justicia salvadoreña no está persiguiendo al expresidente Funes por motivos políticos, sino que lo está investigando por cinco delitos comunes que pudo haber cometido durante su ejercicio presidencial de 2009 a 2014. Específicamente, por posible peculado, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y asociaciones ilegales. Como lo han reconocido incluso dirigentes del partido gobernante de El Salvador, el FMLN, en cuya representación Funes fue primer mandatario de su país, los delitos por los cuales se le investiga son del orden común.
Cuando de manera casual fue descubierta la presencia de Funes en Nicaragua y se rumoró que estaba gestionando asilo, él se apresuró a desmentirlo; dijo que no andaba huyendo de su país sino haciendo una consultoría. Y después que se conoció que sí se había asilado en Nicaragua, aseguró que no fue para huir de la justicia, sino para protegerse, y que no ha renunciado a enfrentar el proceso judicial ni a probar su inocencia.
Sin embargo, al refugiarse en Nicaragua bajo la figura del asilo político para ponerse a salvo de la justicia de su país, el expresidente salvadoreño ha admitido de hecho su culpabilidad por los cargos que se le imputan; máxime que el asilo que ha otorgado el Gobierno de Nicaragua es para todo el núcleo familiar de Funes, incluyendo a su hijo Diego Roberto, quien igualmente enfrenta una acusación por enriquecimiento ilícito.
También el diputado de Guatemala, Luis Rabbé, expresidente del Congreso de ese país y ahora fugitivo por acusaciones de corrupción, ha sido visto en Managua aunque hasta ahora no se sabe si está tramitando el asilo político. Pero dado el clima de impunidad que impera en Nicaragua especialmente para los actos de corrupción en el ejercicio del poder, no es extraño que el país sea convertido en refugio de políticos extranjeros investigados, imputados y perseguidos por ese delito al que en los países del triángulo del Norte de Centroamérica se le está poniendo especial atención.
En todos los casos de corrupción cometida en el desempeño de las funciones públicas, la delincuencia es común. Por lo consiguiente no cabe el asilo político, como claramente lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, a gobiernos absolutistas y turbios como el de Daniel Ortega les importa poco o nada la Ley, ni la nacional y mucho menos la internacional.
