El excanciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, expresó que el control al personal diplomático y consular acreditado en Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, “podría desembocar en una reacción internacional”, tras aludir que “en el mundo de la diplomacia para cada acción hay una respuesta igual y opuesta”.
Señaló que la valija diplomática “debería de ser sagrada conforme a la Convención de Viena, que establece las reglas de juego en la interacción diplomática”.
Asimismo, criticó la disposición de que Gobernación se hará cargo “de recibir, clasificar, distribuir y resguardar correspondencia recibida en valija diplomática, hasta su destino final”.
“No me extrañaría que algunos de los países con quienes mantenemos relaciones diplomáticas le fuesen a aplicar las mismas medidas a nuestros diplomáticos”, manifestó Aguirre Sacasa a LA PRENSA.
El primero de septiembre se publicó en La Gaceta, Diario Oficial del Estado de Nicaragua, que el Ministerio de Gobernación controlará toda la información relacionada con el servicio diplomático y consular acreditado en Nicaragua, función que antes ejercía exclusivamente el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Créase dentro del Ministerio de Gobernación la Dirección General de Atención a Connacionales, Personal Diplomático y Consular en el Servicio Exterior y Personal Diplomático y Consular Acreditados en Nicaragua”, establece el artículo 2 del decreto de reformas al Reglamento de la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo (290).
Control absoluto
Para Aguirre Sacasa, “al transferir gran parte de la interacción de Nicaragua con el cuerpo diplomático de la cancillería al Ministerio de Gobernación se envía otra clara señal: de que el gobierno del comandante (Daniel) Ortega ha optado por un régimen de control absoluto que ya no se limita a nacionales, sino que trasciende nuestras fronteras”.
El excanciller considera que el país cada vez se va pareciendo más a Corea del Norte que a un país del Hemisferio Occidental, lo cual para Aguirre “no es ni conveniente ni pasará inadvertido” por la comunidad internacional.
“No entiendo por qué El Carmen (la Casa de Gobierno) está tomando estas medidas. Me gustaría pensar que el comandante Ortega fue mal asesorado y que revertirá esta acción al entender mejor sus consecuencias. Estas incluyen empañar aún más a nuestra imagen país. Y aplicándole un análisis económico arroja muchísimos más costos que beneficios para Nicaragua”, valoró Aguirre Sacasa.
Instrumento de represión del orteguismo
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, sostiene que el decreto de reforma al reglamento de la Ley 290, es una agresión a la inmunidad diplomática, viola la Convención de Viena y por tanto viola los derechos de quienes ejercen cargos diplomáticos en el país.
A criterio de Núñez, la aplicación de esa disposición es una “censura previa” a los diplomáticos, porque el Gobierno “está violando la presunción de seriedad que tienen”.
“Presumen que están conspirando, que hay que registrarlos, que hay que espiarlos, este es un atropello sin límite”, expresó Núñez.
También criticó que con esta disposición el Gobierno “está convirtiendo a Nicaragua en un gueto donde solo pueden entrar y salir las personas que ellos quieren y, lamentablemente, a las personas que ellos dejan entrar son aquellas personas que se han visto involucradas en delitos en otros países. Esto afecta la imagen del país, porque uno dice: si ya al cuerpo diplomático le están haciendo eso, ¿qué seguridad voy a tener de mandar una carta personal? Yo tengo derecho a mi privacidad y mi correspondencia”, en alusión a la disposición que permite registrar la valija diplomática, considerada una violación a los derechos de los diplomáticos, según la Convención de Viena.
Suma de violaciones
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, recuerda que el control al personal diplomático y consular se suma a otras violaciones, como el impedimento de ingreso a extranjeros provenientes de diferentes sectores entre ellos, misioneros religiosos.
“Ante el mundo estamos quedando mal parados… se está deteriorando la imagen de Nicaragua. Otros países con los que hemos mantenido amistad histórica ya no nos mirarán de la misma manera”, sostuvo Cuevas, tras señalar que “es una acción de censura… todas estas medidas son parte de la implementación de la Ley de Seguridad Soberana”.
Ponen en práctica Ley SS
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, manifestó que con la creación de la nueva Dirección adscrita a Gobernación para el control del personal diplomático, el Gobierno creó un instrumento de represión para poner en práctica la Ley de Seguridad Soberana (Ley SS).
“Todas las restricciones, todas las persecuciones establecidas en la Ley de Seguridad Soberana serán aplicadas. Prácticamente va a ser el órgano represivo, va a ser una especie de Seguridad del Estado, de Stasi (alemana), de KGB (rusa) con el nombre de Gobernación”, opinó Núñez.
