El decreto de reformas al reglamento de la Ley 290, es una agresión a la inmunidad diplomática, asegura la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien consideró que con esto el cuerpo diplomático está sometido al control del Ministerio de Gobernación y por tanto les someterá a «censura previa».
«Daniel Ortega está creando su propio tipo de Estado, porque ya prácticamente las características que el Estado de Nicaragua está adoptando ya no se pueden ubicar casi ni en las dictaduras, ni en los gobiernos totalitarios y gobiernos democráticos», dijo Núñez, que también señaló que el Gobierno de Daniel Ortega «está creando un desequilibrio entre los ministerios… prácticamente al Ministerio de Relaciones Exteriores lo está dejando pintado en la pared».
DERECHO A LA PRIVACIDAD
Con esto, el Gobierno viola la Convención de Viena y por tanto viola los derechos para quienes ejercen cargos diplomáticos, sostuvo Núñez. Uno de esos derechos que esgrime la defensora de derechos humanos es el de la privacidad, pues esto significa que toda la correspondencia va a pasar bajo la «censura previa» del Ministerio de Gobernación, para que las sedes diplomáticas puedan recibirla, señala la presidenta del Cenidh.
«¿Cuáles van a ser los mecanismos, métodos, las técnicas de los Gobiernos (acreditados en el país) para que su correspondencia no sea revisada previamente por los censuradores del Ministerio de Gobernación?», pregunta Núñez, quien recordó que esto se suma a otras actuaciones ya criticadas, como es la normativa para impedir el ingreso a religiosos de diferentes denominaciones lo cual no solo refleja una acumulación de funciones del Ministerio de Gobernación, sino que está creando el instrumento de represión para aplicar todas las restricciones establecidas en la Ley de Seguridad Soberana (Ley SS).
Con Núñez coincidió el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, quien también recordó que esto se suma a una serie de acciones como las restricciones de ingresos a extranjeros.
LEY DE SEGURIDAD SOBERANA
Cuevas expresó que «es una acción de censura», dijo Cuevas quien también considera que todas estas medidas son parte de la implementación de la Ley SS sobre la cual la CPDH recurrió de amparo ante los tribunales «porque hay toda una política de cerrazón de coartar libertades individuales, libertades públicas».
