Ante los señalamientos que asociaron al Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía con algunos partidos políticos, Francisca Ramírez Torres, coordinadora de este movimiento campesino anticanal, aclaró que ni ella ni el movimiento tienen vínculos con partidos políticos.
“Para nosotros, como campesinos, es vergonzoso que haya gente interesada en querer minimizar nuestros derechos, nosotros no tenemos vínculos con ningún partido político, nosotros hemos luchado contra la Ley 840”, dijo Ramírez Torres.
Recientemente, medios de comunicación asociaron al consejo nacional con el Movimiento Renovador Sandinista. Esto motivó al consejo a emitir una aclaración, en la que afirmaron que “minimizar estas marchas y además que aduzcan subordinación partidaria de nuestra organización —que es un movimiento popular, campesino, autónomo y de diferentes procedencias—, solo podemos interpretarlo como un intento de manipulación de la verdad”.
Las 20 protestas
La publicación se derivó del esfuerzo campesino de realizar 20 protestas simultáneas en igual número de territorios del país.
Según Ramírez Torres, “no tenemos la culpa de haber salido a protestar por la ley, la ley la hizo el Gobierno con su Asamblea Nacional y nosotros reafirmamos que nos sentimos incómodos con la Ley 840”.
No tienen aspiraciones
Sobre las posibilidades de que Ramírez Torres asuma un compromiso político o aspire a un cargo político en alguno de los partidos existentes, ella aclaró que no tiene “aspiraciones políticas, lo que sí tengo es interés que en este país vivamos en tranquilidad y que nuestra Nicaragua sea libre”.
Asimismo, la líder campesina afirmó que “como movimiento campesino, nuestro reglamento dice que no podemos ser políticos ni aspirar a políticos y alguno del consejo lo puede hacer personalmente, pero se tiene que retirar del consejo”.
Aprobación de ley
El movimiento campesino surgió a partir de la aprobación de la Ley del Gran Canal (Ley 840), ya que esta ley establece en su artículo 12, que las propiedades necesarias para la construcción del megaproyecto y obras conexas serán expropiadas y las indemnizaciones serán equivalentes al valor catastral de las mismas.
La concesión para buscar el financiamiento y construir el Canal fue entregada al empresario chino Wang Jing por 50 años y prorrogables por otros 50 años.
Y aunque el proyecto no se ha comenzado a construir, los campesinos sienten que sus tierras están en peligro.
