El gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega tiene tres semanas de estar actuando, al decir de muchos observadores y ciudadanos, de manera irracional.
Luego de tres semanas de dislates, la ciudadanía, y ahora el Cuerpo Diplomático se están rascando la cabeza tratando de descifrar qué hay detrás de las erráticas acciones del gobernante y sus apéndices.
A inicios del mes se dio lo orden de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que prohibía al Consejo Supremo Electoral nombrar a los Consejos Electorales Departamentales y Municipales a personas propuestas por el Partido Liberal Independiente (PLI). Esto quebrantó una ley de carácter constitucional que dice que los miembros de ese partido forman parte de esas estructuras en año electoral.
Luego vino el Congreso Sandinista, donde Ortega fue “nombrado” candidato presidencial por séptima vez, eso no sorprendió a nadie, pero también se le facultó a él personalmente a elegir a cada uno de los candidatos a diputado. En ese mismo acto se dio el exabrupto del Ortega —candidato, presidente y jefe del partido— en el que dijo que no habría observación electoral internacional y tildó a los observadores de “sinvergüenzas”. Ortega, en ninguna de sus tres capacidades, está facultado por la ley para decidir sobre observación electoral, pero ese exabrupto sepultó la posibilidad de observación independiente.
A inicios de la siguiente semana la Sala Constitucional decidió, luego de tener el caso engavetado por más de cinco años, que el partido no era representado por la agrupación del PLI, que había participado y conseguido el apoyo de al menos 31 por ciento de los votantes en 2011 y 2012, sino que lo representaba otra agrupación. Con esta decisión la Corte y el Consejo pasaron por encima de la voluntad de cientos de miles de votantes que votaron por el PLI en 2011 y 2012 y eliminaron de la boleta a la verdadera oposición representada por la Coalición Nacional por la Democracia.
Luego vino la expulsión, en un caso sin explicación y en los otros dos con un débil argumento, de tres funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos. Estos incidentes, en particular el de la expulsión de dos funcionarios de la Aduana de Estados Unidos, ya tiene consecuencias comerciales para los productos que exporta Nicaragua a su más grande mercado.
Pocos días después se conoció la desaparición de un joven pasante mexicano que luego apareció en manos de la Policía —presentando golpes que la autoridad alegó se había provocado él mismo— y por unos días más guardó prisión aunque el delito que se le señalaba no contempla pena de cárcel. Seguidamente una académica mexicana que llegó al país a realizar una investigación salió apresuradamente de suelo nica por recomendación de su propia representación diplomática, que consideró este país inseguro para ella.
Y ahora el Gobierno detiene y desaparece a seis jóvenes (tres mexicanos, un costarricense, un español y un argentino) pertenecientes a una organización no gubernamental de México. El arresto se da por un accidente con una de las cocinas que los jóvenes enseñaban a los campesinos a fabricar y disminuir el uso de leña.
Si bien la autoridad debe investigar un incidente como el ocurrido, no pueden mantener en la incertidumbre a las representaciones diplomáticas y a los familiares de los jóvenes sobre su paradero.
La descomposición en la relación es tal que el gobierno mexicano emitió ayer una advertencia a sus ciudadanos para que tomen medidas de precaución si visitan Nicaragua. Las consecuencias de esto para el turismo y la inversión en Nicaragua serán fuertes.
¿Qué demuestra toda esta irracionalidad? Una explicación puede ser que la latente paranoia reinante al más alto nivel de este régimen esté ahora fuera de control.
