La reciente sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia introduce un elemento más de incertidumbre e inestabilidad en el contexto jurídico, institucional y político de Nicaragua.
La decisión referida en la que se reconoce la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), al doctor Pedro Reyes Vallejos, ejercida al momento de la sentencia y por decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), por el licenciado Eduardo Montealegre, se produce después de más de cinco años de haberse introducido el respectivo Recurso de Amparo, a pesar de que la Ley de Amparo, que tiene rango constitucional, en su Artículo 47, establece que “La Corte Suprema de Justicia en todo caso deberá dictar sentencia definitiva dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la recepción de las diligencias”.
Además, y sin entrar a establecer criterio sobre la fundamentación jurídica de la sentencia, se genera un conjunto de situaciones cuyos efectos sobre el proceso electoral abre una serie de dudas acerca de las consecuencias políticas que de ella se derivan.
Entre otros efectos que contribuyen al desconcierto general, podrían mencionarse el desplazamiento del partido político PLI y de la Coalición Nacional por la Democracia en el escenario electoral, que tampoco podría optar por la casilla del Partido Acción Ciudadana (PAC) porque sus dos directivas en litigio fueron anuladas por la Sala Constitucional de la Corte; la nulidad de las designaciones para las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República y para una primera diputación por Managua, realizadas unos días antes por la Coalición; la disposición de la sentencia que insta al CSE a ordenar al Representante Legal del PLI reconocido en la resolución, la realización de la Convención que designaría todos los cargos requeridos relativos al número de fiscales, ternas, Consejos Electorales Regionales, Departamentales y Municipales; la adecuación del calendario, de parte del CSE a la nueva situación, entre otros aspectos concretos que inciden en el proceso electoral.
Junto a las situaciones descritas, habría que mencionar que también fue rechazado un Recurso de Aclaración interpuesto por la parte afectada por la sentencia ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Además de las consideraciones anteriores, surge, desde un punto de vista político, una serie de dudas acerca de las diversas situaciones que se derivan de la resolución. ¿Puede esto contribuir a la búsqueda de la unidad entre las diferentes facciones del PLI y con la Coalición Nacional por la Democracia?, o por el contrario, ante la imposibilidad de un entendimiento, ¿tiende más bien a la desaparición de un oposición viable? ¿Por qué se recurre como estrategia política a estos procedimientos que complican el proceso electoral y acentúan una situación conflictiva, cuando de acuerdo con diferentes encuestas, la ventaja del presidente Ortega sobre sus oponentes es considerable? ¿Por qué recurrió entonces a una descalificación de la observación internacional usando, además, términos ofensivos, siendo que a él no le corresponde ni como presidente ni mucho menos como candidato de su partido, decidir sobre la observación? ¿Por qué referirse en esos términos a la observación electoral en una circunstancia en la que era absolutamente innecesario cualquier comentario sobre el particular? ¿Por qué descalificar la observación, si esta puede dar legitimidad al resultado electoral, el que según las encuestas realizadas le favorecen considerablemente?
Estas y muchas otras preguntas gravitan sobre el mar de dudas que cubre el proceso electoral nicaragüense. Pero más allá de los hechos puntuales, creo necesario reflexionar sobre las situaciones generales que de ellos se derivan y que reflejan una crisis de la cultura política en general.
De estos hechos puntuales y de muchos otros, se desprenden distintas dudas y consideraciones que gravitan en la opinión pública y la cultura política de la sociedad, tales como la ausencia de una convicción sobre la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia; la idea del poder absoluto, personalizado, y la utilización de la Constitución, el sistema legal y las instituciones como mecanismos al servicio del poder.
Es fundamental por lo tanto, una cultura política que llene el vacío histórico que padece nuestro país, en la que se exprese la idea y la práctica en el proceso de construcción de la democracia como una tarea que exige una participación activa y consciente del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil. Una idea y práctica de la democracia que requiere la existencia del Estado de Derecho, cuya base principal consiste en la subordinación del poder a la ley.
Un sistema en el cual como garantía del equilibrio institucional, resulte imprescindible una auténtica separación de poderes que garantice el ejercicio independiente y eficaz de cada uno de ellos y su coordinación e interdependencia de acuerdo con lo que establece la Constitución Política.
La democracia moderna ha sido concebida sobre la base de la existencia y funcionamiento adecuado de los partidos políticos, por lo que la crisis que les afecta, afecta también a la democracia como sistema.
El problema que enfrentan los partidos políticos en nuestro medio, está relacionado a la ausencia de propuestas estratégicas, la que de alguna manera configura la crisis de los partidos, en la medida en que estos tienen como finalidad, llevar a la práctica el modelo social y político que proclama la ideología y el programa que sustentan.
En parte, la crisis consiste en que se devaluaron los modelos sobre los cuales estos partidos se sustentaron, sin que a estas alturas, hayan podido confeccionar alternativas que se ajusten a las necesidades y requerimientos del tiempo y el medio en que se desenvuelven.
Independientemente de la importancia que esta situación pueda tener en sí misma, al margen de cualquier simpatía o rechazo a la ideología o ejercicio político de determinado partido, debe estimularse la participación reflexiva y activa de la ciudadanía, pues en ella se encuentran las verdaderas posibilidades y alternativas políticas del presente y el futuro en nuestra realidad concreta.
No habrá alternativa política real, si esta continúa aferrada a los modelos del pasado, inaplicables por extemporáneos en el presente y más aún en el futuro. Tampoco habrá alternativa política real, si se piensa que la única opción posible, es la de una acción utilitaria de seguir la corriente por donde más convenga. El reto actual exige la formulación de una nueva propuesta basada en la pluralidad política, que dé respuesta efectiva a las demandas del presente y a las posibilidades del futuro.
Es la forma de garantizar el ejercicio de la libertad. “En una sociedad realmente libre, dice Octavio Paz, lo importante sería el cultivo de las diferencias; aquello que nos distingue es aquello que nos une. Deberíamos concebir la libertad como una asociación de oposiciones complementarias”… “La libertad no se define, se ejerce”.
Para renovar la política en nuestro país y con ella fortalecer la democracia, es necesario no solo que los partidos políticos recurran a la sociedad civil, sino que esta última participe a fondo en la acción y reflexión política. La política no es solo un derecho de todos, sino una responsabilidad de todos. “Hoy, dice Hermann Hesse, no está la razón política en el mismo lugar donde se halla el poder. Es preciso que exista una afluencia de inteligencia e intuición desde círculos no oficiales si se quieren evitar o atenuar catástrofes”.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
