El material que se usará para la verificación ciudadana el próximo sábado 25 y domingo 26 de junio, comenzó a trasladarse a las oficinas del Consejo Supremo Electoral este miércoles.
La verificación ciudadana es la oportunidad que tienen los ciudadanos nicaragüense de confirmar o cambiar su ubicación domiciliar, si es el caso, para tener conocimiento de donde está ubicado su Centro de Votación (CV) más cercano, para votar el próximo seis de noviembre, día de las elecciones de presidente de la República, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El material fue trasladado este 15 de junio con un numeroso equipo de la Policía Nacional a estas bodegas están ubicadas en Managua, del «arbolito» cuadra y media al Sur.
En anteriores procesos electorales, el Consejo Supremo Electoral acostumbraba invitar a los medios de comunicación para difundir cada paso del proceso, sin embargo, este año los magistrados electorales ni siquiera ofrecieron una conferencia de prensa para contestar preguntas de los periodistas. Tampoco el área de prensa del CSE da respuestas a los medios de comunicación.
Este año más que nunca, el proceso electoral es cuestionado por las organizaciones políticas opositoras, la sociedad civil, el sector privado, la Iglesia Católica, debido a que el Gobierno de Daniel Ortega sentó su posición de no invitar observadores electorales internacionales, ni tampoco convocó a observación nacional.
También la credibilidad del proceso electoral se está viendo empañado porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia el pasado 8 de junio, en pleno proceso electoral, quitándole la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a quien encabeza la segunda fuerza política más votada en las últimas elecciones, dejándolo sin plataforma para participar en las elecciones.
Sin embargo, el CSE viene siendo cuestionado por cometer fraude electoral desde las elecciones municipales de 2008. Y en las últimas elecciones presidenciales, las anomalías documentadas fueron calificadas como “retroceso democrático” por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
