El Parlamento Europeo (PE) pidió el miércoles 8 de junio al Gobierno de Venezuela “la inmediata liberación de todos los presos políticos” y que respete el mecanismo constitucional que permite el revocatorio del presidente.
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En una resolución aprobada por 501 votos a favor por 94 en contra y acordada por los principales grupos políticos de la Eurocámara, se dice que la liberación de los presos “es una precondición” para el inicio del diálogo con la oposición.
Además, el Gobierno venezolano debe respetar “los mecanismos legales reconocidos en la Constitución y que activan el procedimiento para revocar al presidente (Nicolás Maduro) antes de que acabe 2016”.
Los eurodiputados expresaron su “grave preocupación” por la “cada vez más deteriorada situación en Venezuela”, tanto en la calidad de la democracia, los derechos humanos y la situación económica y social.
El objetivo del PE con esta resolución es encontrar una “solución constructiva” a las crisis económica y energética, así como al aprovisionamiento de comida y medicinas”, que está provocando “el deterioro de la tensión social”.
Los principales partidos de la Eurocámara habían pactado en la víspera el contenido de la resolución y ya advirtieron que no se iba a admitir ninguna enmienda, por lo que las presentadas por los parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos fueron rechazadas.
Izquierda Unida votó en contra de la resolución y Podemos se abstuvo.
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La portavoz de Podemos en el PE, Tania González, afirmó que la situación en Venezuela “es de gran complejidad”, que hay que mejorar las condiciones de vida y que todas las partes deben “inmiscuirse en la promoción de los derechos humanos”.
Dijo que esta resolución se ha convertido “en un instrumento del beneficio electoral de terceros y no en beneficio de las personas” y lamentó que el rodillo -en alusión a socialistas y populares- haya impedido la aportación de otras fuerzas políticas.
El PE manifestó su preocupación por el “bloqueo constitucional” y el “uso por parte del Ejecutivo de los poderes del Estado para controlar la Corte Suprema y el Consejo Nacional Electoral”, e impedir “la aplicación de las leyes de las iniciativas adoptadas por la Asamblea Nacional”.
Por ello se le pide al Gobierno de Venezuela que “respete la ley” y el principio de la separación de poderes.
