Honduras y Nicaragua han venido manteniendo un conflicto comercial que enfrenta a las industrias avícolas con las lácteas y cárnicas. Ponemos trabas a los huevos/pollos de Honduras mientras ellos se niegan a certificar o dar permisos a las plantas de lácteos y mataderos nicaragüenses.
Este conflicto se genera en parte por las altas tarifas de energía para el riego, que elevan el costo de producción del sorgo, arroz y otros cultivos y los sitúa muy por encima de su respectivo precio internacional.
Nuestro gobierno, en vez de apoyar la reducción de los costos de producción agrícola, reduciendo el precio de los insumos y de las tarifas de la energía, otorga un subsidio cruzado al sorgo, cobrando un arancel a su sustituto, el maíz amarillo. Esto eleva el precio del sorgo al nivel del maíz amarillo, más el arancel, hasta US$ 12 por quintal en meses recientes.
Puesto de otra forma, el gobierno de Nicaragua ha respondido a las quejas fundadas de los productores de sorgo, elevando el arancel al maíz amarillo que es el sustituto intercambiable por el sorgo en la alimentación de pollos y ponedoras.
En vez de nivelar la desventaja que generan las distorsiones en los insumos (energía eléctrica), el gobierno mal resuelve el problema de los sorgueros y a la vez le traslada el problema a la industria avícola.
La industria avícola nicaragüense (intensiva en el uso de la energía), sufre de tarifas de energía no competitivas a nivel regional lo que aunado al alza artificial en el precio de sus insumos (incluyendo el sorgo) como resultado del arancel impuesto al maíz amarillo, dificulta a los avicultores competir con sus vecinos.
Nicaragua entonces toma medidas no previstas en el SICA, OMC, o DR-Cafta en detrimento de la importación de huevos y pollo hondureño que se produce a menor costo que acá por la doble incidencia de nuestras elevadas tarifas energéticas y nuestra mala política de subsidios cruzados.
Las trabas de Nicaragua provocan medidas de retorsión de parte de Honduras contra nuestras industrias de la ganadería, también tomadas sin el aval de SIECA, la Corte Centroamericana, el Cafta, o la OMC.
La solución es más integración y no menos: un arancel externo común del SICA que elimine las distorsiones artificiales en los costos de los insumos para la agroindustria. Esto eliminaría las cargas del subsidio que nuestro gobierno otorga por vía de las tarifas en favor del productor de energía y en contra del productor agrícola y agroindustrial.
Hasta que los compromisos contractuales de Nicaragua con respecto a la generación de energía se extingan, un subsidio directo a los productores afectados que les permita colocar sus productos a precios del mercado internacional y a sus clientes competir con Centroamérica, eliminaría las excusas que nuestros vecinos esgrimen para proteger sus industrias lácteas y cárnicas.
Las actuales políticas de la Dirección General de Aduanas favorecen la exportación de materias primas y desalientan la agroindustria. Una vez terminados los actuales contratos para energía y desinflada la burbuja de los bienes raíces, encontraremos que el ambiente empresarial para atraer inversiones a la agroindustria y a la industria es negativo y el crecimiento sostenido de los últimos años se podría disipar.
Transparencia y Restructuración (Glasnost y Perestroika) es la receta para reconciliación: hay que terminar con los subsidios escondidos y devolverle la competitividad a la agricultura y a la agroindustria que depende de los mismos, liberando los mercados en ambas vías (Honduras a Nicaragua y viceversa) para que prevalezca la eficiencia empresarial y la competitividad. Eso creará empleos en la agroindustria aumentando la productividad, generando exportaciones e impulsando el crecimiento sostenible.
El autor fue secretario general adjunto de la Sieca y ministro de Mific.
