Uno de los cuestionamientos de la oposición al reglamento oficial de las elecciones de noviembre próximo, es que omite la observación electoral nacional e internacional.
En efecto, dicho reglamento tiene muchos vacíos y trampas, entre los cuales resalta la exclusión de la observación electoral nacional e internacional, a pesar de que en las encuestas más del 80 por ciento de los ciudadanos se pronuncia a su favor. Además, prominentes actores sociales que son ajenos al interés partidista y tienen una gran autoridad política y moral, han respaldado y siguen respaldando la legítima demanda democrática de observación electoral .
La embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, señora Laura Dogu, dijo en su cuenta de Twitter que “los nicaragüenses merecen una observación internacional reconocida, no un acompañamiento”. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, en la carta que los obispos entregaron personalmente a Daniel Ortega el 21 de mayo de 2014, pidió para el 2016 “un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras”. Y el presidente del Cosep reiteró esta semana la posición del gremio empresarial a favor de la observación internacional.
El régimen orteguista no engaña a nadie queriendo sustituir la observación electoral internacional, con el “acompañamiento” de amigos políticos de otros países. La observación internacional de elecciones (no el acompañamiento de personas afines políticamente) es clave en el sistema electoral democrático. Sus objetivos fundamentales son, entre otros: vigilar que se respete el derecho de participación política consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales que garantizan los derechos civiles; disuadir el fraude electoral donde haya posibilidad de que se cometa y denunciarlo en el caso de que sea consumado; velar que los ciudadanos reciban la información adecuada para ejercer el derecho de votar y elegir; advertir sobre los actos reales y potenciales de intimidación a los votantes; chequear la honestidad del conteo y la distribución de los votos, etc.
Está claro que la observación internacional, aunque se realice a lo largo de todo el proceso electoral no necesariamente impide el fraude, como ya se ha demostrado en Nicaragua. Pero al menos lo pone en evidencia, como ocurrió en las elecciones municipales de 2008 y las nacionales de 2011, a pesar de que los observadores extranjeros al denunciarlos evitaron usar la palabra fraude y con “delicadeza diplomática” hablaron de falta de transparencia y garantías, de opacidades en muchos aspectos del proceso, de ausencia de seguridad jurídica en muchos temas por parte del CSE.
Sin embargo, de no haber sido por la observación electoral internacional ni siquiera eso se hubiera podido decir, de aquellos fraudes descarados que le dieron a Daniel Ortega un triunfo apabullante que no merecía y el dominio aplastante de la Asamblea Nacional.
