Un mes después que fue atacado a puñaladas por desconocidos en una de las calles de Managua, el activista político nicaragüense, Carlos Bonilla, de 41 años, aseguró que su familia y él viven en “casas de seguridad”, mientras reclamó a las autoridades por la falta de respuesta a su caso.
Bonilla es coordinador del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), que demanda desde hace meses la renovación en el poder electoral y comicios transparentes en 2016, cuando los nicaragüenses están llamados a votaciones generales en noviembre próximo y se espera que el mandatario Daniel Ortega busque la reelección.
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Recuperándose aún de las heridas provocadas por la agresión del 26 de febrero de 2016, Bonilla cuestionó la falta de respuesta institucional a la agresión contra él y su esposa Gabriela García, la cual ocurrió cuando subieron a un taxi y fueron atacados por cinco sujetos.
Según su relato, fueron al distrito IV de la Policía de Managua a denunciar el caso, pero ahí los mandaron a la Delegación V y finalmente les dijeron que se hizo cargo la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
POLICÍA NO PRESENTA A DOS SUPUESTOS ATACANTES
Para Bonilla, el silencio se ha combinado con detalles que permanecen ocultos a la población. Por ejemplo, denunció que hasta ahora los investigadores policiales no han presentado a dos de los supuestos atacantes, que fueron detenidos por vecinos en la Colonia 10 de Junio y en el caso de uno de ellos, dice el afectado, fue identificado como supuesto trabajador de la Alcaldía de Managua.
“(La Policía Nacional) está dividiendo a los ciudadanos en dos. Aquí hay dos tipos de ciudadanos: el que apoya las iniciativas del Gobierno o se queda callado. Y habemos otros que somos los que somos opositores, que cualquier cosa que nos llegue a suceder no es investigada y queda en el olvido. Con el hecho de callar se convierten en cómplices de las personas que intentaron asesinarme”, reiteró vía telefónica.
“DAÑO EMOCIONAL FUERTE”
Bonilla explicó que su esposa siente que a veces los están persiguiendo.
En el caso de él, dice que se mueve en lugares públicos, pero acompañado. Sus hijas se encuentran ahora viviendo con ellos, después que al principio decidieran mantenerlas en otro sitio, también por razones de seguridad.
“Ha sido un daño emocional muy fuerte, pero vamos a continuar”, prometió sobre la demanda de un CSE transparente. Él considera su caso como un “intento de asesinato político” y mencionó preocupado las amenazas que han recibido igual los miembros de su agrupación.
