La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, dijo que 2015 fue el clímax de las violaciones a los derechos humanos e impunidad, mencionando la masacre de Las Jagüitas, el “pistolero de Metrocentro” y la represión a la marcha de los campesinos que demanda la derogación de la Ley del Canal Interoceánico, sin embargo, hace ver que desde el 2007 —cuando regresó al poder Daniel Ortega— comenzó un proceso gradual de deterioro de la justicia y el derecho.
En el informe “Impunidad de las Violaciones a los Derechos Civiles y Políticos en Nicaragua en el Contexto del Debilitamiento Institucional” —investigación coordinada por Núñez y publicada en 2014—, muestra los casos más emblemáticos de muertes desde 2007 hasta 2013, en los cuales se evidencian violaciones a los derechos humanos desde el sistema jurídico y político de Nicaragua, situaciones que quedaron en impunidad.
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El reporte documenta cinco muertes en 2007, siete en 2008, tres en 2009, nueve en 2010, 15 en 2011, 18 en 2012 y 22 en 2013. El informe del Cenidh expresa que “pública y oficialmente se conoce muy poco acerca de estos setenta y nueve ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses muertos”.
“Se conocen las fechas y lugares, pero en general las responsabilidades específicas no fueron determinadas ni las conductas sancionadas y en otros casos, excepcionalmente, las instituciones atribuyeron las responsabilidades individuales, desvinculándolas de toda responsabilidad institucional”, manifiesta el Cenidh.
También explica que “solamente se sabe que fueron muertos por el Ejército de Nicaragua, por la Policía Nacional, mientras estaban detenidos en las delegaciones policiales, en el Sistema Penitenciario, mientras estaban al cuidado de una institución de salud. En algunos de estos casos, los familiares denunciaron torturas y ejecuciones sumarias”.
Núñez expresa que cuando se habla de ataques a grupos rearmados, cuando se involucra al Ejército y a la Policía, cuando hay dirigentes armados con motivaciones políticas, todo eso queda también en impunidad .
«Es un patrón de la Policía encubrir los hechos que tienen
connotaciones políticas”. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El caso del Carrizo
Uno de los casos que mencionó el informe del Cenidh son las muertes del Carrizo, el 8 de noviembre del 2011, dos días después de las elecciones presidenciales, cuando el entonces secretario político del FSLN en el municipio de San José de Cusmapa, Jesús (Jersan) Herrera Zepeda, y el también delegado del Consejo Electoral Municipal (CEM) en esta localidad, Eusebio Cruz Montenegro, con el apoyo del jefe de la delegación policial en esa zona, subcomisionado Elvin de Jesús López, encabezaron a un grupo de sandinistas que acribillaron a miembros de una familia.
Ver además:
Cenidh: Días difíciles para los derechos humanos en Nicaragua
