Los derechos humanos en Nicaragua viven uno de sus “momentos más difíciles”, situación que comenzó “contradictoriamente” en el 2007, cuando el actual mandatario del país, Daniel Ortega, regresó al poder.
Así lo afirma la activista y antigua militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Vilma Núñez, en una entrevista con Acan-Efe en la que valora la situación de los derechos humanos, cuya defensa ha asumido a través del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
A juicio de Núñez, de 77 años, desde 2007 Ortega comenzó “a lanzar mensajes de centralización de todas las funciones de los órganos del Estado y a buscar cómo darle color político” al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional.
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Ortega ha “desinstitucionalizado” el país, “partidizado” el poder electoral y ha convertido “en un órgano inoperante” a la Contraloría General de la República, alerta la activista, quien tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979 fue nombrada magistrada y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. “Lo peor ha sido la destrucción de la institucionalidad de la Policía, que (Ortega) la ha convertido prácticamente en un instrumento de la represión del pueblo”, remarcó.
Además, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, “está únicamente cumpliendo o haciendo las leyes que Daniel Ortega propone” y no existe el balance de poderes, anotó.
Aseguró que el Cenidh tenía mayores posibilidades de encontrar respuestas para las quejas en materia de los derechos humanos con los gobiernos de Violeta Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007), que con el de Ortega.
“Antes se podía dialogar, había respuesta, no teníamos los niveles (actuales) de persecución como defensores de derechos humanos”, lamentó Núñez. En su último informe el Cenidh denunció un grave deterioro de derechos humanos, en especial de la libertad de expresión y la situación de los pueblos indígenas.
