El presente y futuro del agua es otra razón, porque Nicaragua debe abrir el debate en relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030.
El objetivo número seis del desarrollo sostenible se propone para el 2030 garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Al respecto, este gran propósito debería ser motivo de un gran consenso social, teniendo como interés superior el bienestar de todos. Pero en realidad, hasta ahora lo que ha primado es un ausentismo de debate y un discurso sobre cambio climático, como especie de escudo para que los estados eximan su compromiso de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano.
El agua no solo es un problema de escasez y cambio climático, esta perspectiva termina favoreciendo a los estados frente al compromiso de políticas públicas, encaminadas a garantizar el acceso al agua, como un derecho humano. La escasez del agua, debe verse como la negación de derechos humanos que hacen los estados, principalmente a niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, discapacitados y comunidades indígenas. De modo que cuando los discursos de la escasez de agua se centran en culpar al fenómeno mundial del cambio climático, automáticamente los estados están evadiendo su rol como garante del derecho humano al agua potable y saneamiento.
En Nicaragua se ha logrado la aprobación de marcos jurídicos sobre el acceso al agua potable y saneamiento. Uno de los principales marcos jurídicos ha sido la Ley Especial de los Comité de Agua Potable y Saneamiento (2010).
Sin embargo, el gran desafío sigue siendo cómo lograr que la gestión de los comité de agua en los municipios sea sostenible. Esta situación evidencia que muy poco puede ser útil un marco jurídico, cuando se carece de otros componentes de políticas públicas como asistencia técnica, educación, programas de formación integral y presupuesto. Algunos organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han contribuido en capacitar y sensibilizar a las personas de los comité de agua a lo largo y ancho del país, logrando que muchos líderes comunales además de tener información logren una mejor autogestión del agua potable en sus municipios.
Una de las razones del ausentismo del debate de políticas públicas sobre agua son las trampas estadísticas. Cifras de la FAO, citadas por LA PRENSA (16.03.2014) señalan que Nicaragua es uno de los países con más potencial hídrico, 38,000 metros cúbicos de agua potable por cada persona al año.
A pesar de esta gran riqueza hídrica, publicaciones recientes de LA PRENSA, muestran una radiografía completa, cómo la falta de agua no solo es un problema del Corredor Seco del país, sino que también está presente en Managua. Si el fenómeno de la escasez de agua es crítico en la propia capital, qué se puede esperar en la Nicaragua profunda, donde los municipios y comunidades, precisamente carecen de acceso al agua potable, producto de ausencia de políticas públicas que garanticen el derecho humano al agua potable.
Posiblemente, como contrapropuesta, para superar los discursos retóricos sobre el cambio climático, la agenda de los ODS número 6, definen metas concretas que deben hacer los estados para cumplir con este derecho humano: mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.
En el caso del Estado de Nicaragua, ojalá se defina pronto las nuevas políticas públicas encaminadas articuladas en ODS 6 para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano.
El autor es doctorando en Ciencias Sociales y Humanas, UCA.
