En el lapso de dos semanas dos magistrados del Frente Sandinista en el Consejo Supremo Electoral (CSE), renunciaron a sus cargos: Johnny Torres y José Luis Villavicencio.
Los motivos de esas renuncias no son del conocimiento público a pesar de que se trata de funcionarios estatales “elegidos por el pueblo” de manera indirecta, por medio de los diputados. Esos motivos solo los conoce la cúpula superior del poder, es decir, el matrimonio presidencial y unas cuantas personas de su absoluta confianza.
A falta de información sobre un tema de interés público surgen diversas suposiciones, máxime que los dos magistrados electorales han renunciado al comenzar un año de elecciones y cuando el CSE ha retenido la convocatoria a los comicios que tradicionalmente se ha hecho en noviembre del año anterior.
Una de esas suposiciones es que Daniel Ortega quiere emitir una falsa señal de confianza para las elecciones de noviembre, aparentando cambios de magistrados electorales con fichas de su mismo partido.
Otra conjetura es que se está haciendo un acomodo en el poder electoral, a favor de la primera dama doña Rosario Murillo, quien quiere poner allí mujeres magistradas y al mismo tiempo personas de su absoluta confianza personal.
Una tercera suposición es que se está fraguando un arreglo bajo la mesa de Daniel Ortega con la oposición, específicamente con el PLI, para cederle al menos una de las dos magistraturas a cambio de obtener legitimidad política para las próximas elecciones. En ese mismo orden, también se especula que en realidad Ortega no tiene un arreglo con el PLI, pero quiere “ensuciarlo” concediéndole una de las dos magistraturas electorales que han quedado vacantes. Con eso Ortega no perdería nada, porque todo seguiría igual en el CSE que él controla a su gusto y antojo, pero en cambio el PLI quedaría desacreditado porque la magistratura electoral que conseguiría se vería como resultado de un entendimiento prebendario y corrupto.
Nos apuntamos a la última suposición. Estamos claros de que en política todo es posible, por muy antiético que sea y particularmente en un país como Nicaragua, donde las instituciones han sido socavadas y la cultura política democrática es muy precaria. Sin embargo es muy difícil creer que el PLI se quiera suicidar por conseguir una o algunas gangas en el Estado, como llamaba el recordado doctor Emilio Álvarez Montalván a las prebendas.
A las personas, igual que a los partidos políticos, se les juzga por lo que hacen, no por lo que ellos dicen de sí mismos ni por lo que otros les atribuyen. De manera que para juzgar con objetividad la actuación de los actores políticos, quienes quiera que sean, habrá que ver el resultado de esta trama electorera orteguista.
Pero esto no significa que el PLI haga mal presentando candidatos para ocupar las vacantes en el CSE. Estos cargos públicos no son una gracia que Ortega reparte a quienes quiere, sino un derecho constitucional de la oposición.
El partido y la alianza opositora no deben renunciar a luchar por lo que en derecho les pertenece. Renunciar a esa lucha es caer en el juego al orteguismo y cometer un error que sería tan grave como obtener los cargos a título de prebenda, y no para usarlos en la lucha por la recuperación de la institucionalidad democrática.
